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Por Mónica Rincón

Publicada en Ciper

“No vivimos en Estado de Excepción, pero tampoco en un Estado de Derecho sin excepción”.Lo afirmó hace años el intelectual mexicano Gabriel Zaid sobre su país y hoy bien puede aplicarse a Chile, cuando vemos cada vez con mayor frecuencia la aparición de escándalos de corrupción selectivos, que no nos pueden hacer declarar que no hay Estado de Derecho, pero que nos advierten que es un Estado de Derecho con “excepciones”.

Seguía Zaid: “En México, las autoridades pueden actuar como asaltantes, y con mayor impunidad, precisamente por ser autoridades. Ni todas, ni siempre, lo hacen, lo cual le da eficacia al abuso: es selectivo, queda al arbitrio de la autoridad. No vivimos en el régimen carcelario de Castro, ni en la dictadura de Pinochet, sino en un régimen de derecho sujeto a excepciones selectivas”.

No es la época de Pinochet, pero su fin vino de la mano con un nuevo germen que amenazaría la naciente democracia. La Concertación, según sostiene Oscar Landerretche en su libro Chacota, funcionó bien con una trinidad (transparencia, eficiencia y eficacia) hasta que la transparencia cedió.

Creo que había un pecado original en ese pacto político que favoreció los casos de corrupción que los ciudadanos ya no toleran: la desmovilización ciudadana tras el plebiscito, que nos privó, entre otras cosas, de ciudadanos que fiscalizaran a sus autoridades; algo clave, si se quiere que el poder sea más transparente que opaco, como postula Norberto Bobbio.

Hoy, es el turno del Partido Socialista y la segunda parte del escándalo de la narcopolítica en la comuna de San Ramón. En la lista triunfadora en las recientes elecciones internas del PS está también victoriosa la hermana del cuestionado alcalde de San Ramón, apoyada por funcionarios municipales expulsados del PS en 2017, justamente por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Y gracias a lo que Aguilera denomina “montaje periodístico”, sabemos que 210 militantes trabajan para el municipio y que había siete socialistas con domicilio electoral en una casa allanada por venta de drogas.

¿Y qué hace el presidente del PS, Álvaro Elizalde? Dice que, aunque se anule el resultado en San Ramón y en otras 18 comunas, su lista sigue siendo la más votada. “Las cifras son categóricas, respaldan lo que hemos señalado desde el primer día: nuestra lista obtuvo un gran respaldo de la militancia, doblando a la otra opción, y tal como lo señalamos, las impugnaciones que estaban pendientes no alteran de forma relevante el resultado”. Eso es cierto: en vez de escandalizarse por lo que pasa frente a sus narices, desde el primer día ha estado preocupado de defender su victoria de hoy, que mañana puede ser la derrota de todos los socialistas y de la democracia, si es que no se pone coto a un escándalo del que no se tiene noticia por primera vez.

El propio Elizalde admite que en 2017 “debimos actuar más rápido” sobre la depuración del padrón. Y a reglón seguido se contradice, diciendo que “hicimos todo lo necesario”. Evidentemente, no fue así. No, porque las redes del alcalde Aguilera siguieron igual de poderosas, aunque él ya no tenga ficha de militante. Y sólo se expulsó a un par de personas. Sólo eso. Y no tocaron ni con el pétalo de una rosa el padrón de casi 4 mil militantes que hay en San Ramón y que representa extrañamente el 20% del total de socialistas de la Región Metropolitana, mientras en otra comuna con un alcalde de esta colectividad y 100 mil habitantes, como ocurre en Independencia, los afiliados al PS son apenas el 2% del registro capitalino.

Muchos votos en juego, un codiciado bolsón electoral, una maquinaria bien aceitada… probablemente por lo mismo no se hizo nada. Y no se hizo aunque en 2017 se supo que el alcalde Miguel Ángel Aguilera tuvo contratado a un narco en un programa de la municipalidad (programa que su hermana Mónica nos quiere convencer que era de “reinserción social”), aunque había más funcionarios cercanos a ese mundo delictual, aunque el caso desembocó en querella del Consejo de Defensa del Estado por estas contrataciones y por fraude al Fisco.

En el PS no se ve a los vencedores indignados por tener como miembro de su Comité Central a José Miguel Torres, condenado por porte ilegal de armas en 2018, cuando iba manejando un taxi donde había más de un arma y un pasamontañas. Alguien ha dicho que no sabían estos datos y dale con que ganaron.

En vez de mirar el fondo del problema, escuchamos, por ejemplo, a Camilo Escalona indignado porque a raíz del financiamiento público de la política se le pidió a las colectividades refichar militantes que figuraban en padrones que todos sabíamos abultados. Porque para Escalona eso “atenta contra la dignidad de los militantes más modestos”. En  un extraño universo la transparencia ofende.

Y en vez de pudor, escándalo y vergüenza, vemos amenazas y acusaciones cruzadas. La hermana del edil en cuestión, Mónica Aguilera,  acusa a la otra lista, la que encabeza Maya Fernández, de haberlos invitado a ser parte de ella. Uno de sus integrantes, Marcelo Díaz, lo niega. Otros acusan que en la lista de Fernández estaba Marcela Aliste, hija de Marcela Rosales, una cercana al alcalde de San Ramón y dueña de un negocio ubicado en terrenos de propiedad del municipio.

En todo caso, Mónica Aguilera advierte: “No vamos a permitir que unos príncipes nos pongan el pie encima… hay sectores del partido que no reconocen su derrota, que crean conflictos artificiales”. De nuevo: lo menos importante hoy es el proceso eleccionario socialista. Lo relevante es hasta dónde en este y en otros partidos el narcotráfico puede haber calado. Y en especial si, como parece, se ha hecho la vista gorda con los alcaldes, que son fuente de votos y fuerza movilizadora en elecciones de diputados, senadores, presidenciales y muy pronto de gobernadores.

No por nada se defiende a los alcaldes aunque reconozcan déficits inexplicables; no por nada no se depura un padrón; no por nada se avanza poco en medidas contra la corrupción que se da a nivel de estos gobiernos locales. Porque lo cierto es que mientras hoy algunos hablan de una Segunda Comisión Engel que proponga normas contra la corrupción, lo que se debiera observar es que mientras en unas áreas sí se ha avanzado, en otras como municipios, licitaciones de carreteras o gastos de defensa, el progreso es cercano a 0%. Coincidentemente, los mismos lugares donde en estos días conocemos casos de corrupción.

Lamentablemente, desde los sobresueldos de ayer a los casos de financiamiento ilegal de la política de hace poco, nos acostumbramos al “borrón y cuenta nueva”, a los “pactos de Estado”, al “arreglemos las leyes para que nunca más”. Una impunidad transversal que hace poco creíble que cuando la corrupción vuelva a manifestarse, el castigo penal va a ser efectivo. Y junto con ello nos habituamos a reformas que aportan, pero que dejan forados importantes, como que los delitos electorales prescriban a los dos años y no a los cinco como el resto. O que el Ministerio Público necesite de la acción previa del Servicio Electoral o de Impuestos Internos para actuar.

Cristóbal Rovira y Cas Mudde, en su libro Introducción al Populismo, nos advierten que las crisis son terreno fértil para el populismo. No sólo las crisis económicas, por cierto, sino también las de corrupción. Porque erosionan la adhesión a la democracia, porque asientan la idea de que unos son más iguales que otros, porque pareciera que el dinero y el poder pesan más que los votos.

Frente a la corrupción, dicen Rovira y Mudde, la respuesta no puede ser esconder la cabeza o mirar hacia el lado. Porque ése es justo el vacío que espera un populista para vender la ilusión de la esperanza perdida, para mostrarse como el defensor de ese pueblo puro, indefenso, frente a una elite corrupta.

Sigan entonces preocupados en el PS de quién sacó más votos, pero después… no se quejen.

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