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[PRENSA] Protestas en Chile: la jubilación truncada

Publicado por El Siglo de Torreón

El aumento al servicio del Metro a 30 pesos por parte del Gobierno chileno de Sebastián Piñera fue solo la gota que derramó el vaso. Las calles de la nación sudamericana se han visto repletas de manifestantes, que -ya sea de forma pacífica o con el uso de la violencia- busca hacerse acreedora del éxito económico de su país.

De acuerdo con Andrés Oppenheimer, en su columna «Las protestas de Chile son del primer mundo» publicada por El Siglo de Torreón el pasado 25 de octubre, Ricardo Lagos, expresidente de esa nación le señaló que pese a que Chile es el país más exitoso de América Latina en casi todos los rubros, no ha tenido tanto éxito en la reducción de la desigualdad.

La brecha entre ricos y pobres ha disminuido, pero solo marginalmente, expone.

De acuerdo con el columnista para esta casa editora, Lagos le expuso que «la ciudadanía siente que aunque la pobreza ha disminuido sustancialmente, hay una concentración muy alta del ingreso y una desigualdad que no se ha atacado adecuadamente».

Según Lagos, Chile necesita aumentar los impuestos a los ricos, porque se necesitan más servicios públicos.

UN MODELO CUESTIONADO

Cualquier empleado en Chile está obligado a aportar un 10 por ciento (%) mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP).

Dichas empresas privadas invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios: entre enero y septiembre de este año, sus utilidades sumaron 511 millones de dólares.

La participación del Estado en este modelo es a través del Pilar Solidario, un aporte complementario para las personas que no han podido acceder a una pensión y las que reciben jubilaciones más bajas.

Aún así, 8 de cada 10 nuevos pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciarse una pensión superior a la línea de la pobreza, según un informe de la Fundación Sol.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aseguró que «el foco sobre las empresas administradoras de pensiones ha estado equivocado, tiene que estar en mejorar las pensiones».

Según Larraín, para aumentar las retribuciones «hay que elevar las tasas de ahorro, subir la edad de jubilación y el número de trabajadores que cotizan».

Ante el debate sobre una posible distribución de los beneficios de las AFP entre los cotizantes, subrayó que «no solucionaría el problema» porque «solo subirían unos 12 dólares mensuales por persona».

El pasado 4 de diciembre, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que supondrá un aumento gradual de los aportes estatales a las pensiones más bajas en hasta un 50 %, que beneficiará a cerca del millón 600 mil jubilados.

Para el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, la reforma es «insuficiente» ya que «sólo es un parche que da un respiro a los pensionados no contributivos».

El experto afirmó que el sistema de cuentas individuales «ha fracasado» porque «no ha garantizado unas pensiones dignas para los chilenos».

CONTRAMEDIDAS

A inicio de diciembre, el presidente de Chile, Sebastían Piñera anunció un bono de 125 dólares para 1.3 millones de familias vulnerables, un alivio con el que el gobierno busca suavizar el descontento social que desató a mediados de octubre las protestas.

«Enviaremos un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono que en promedio será de 100 mil pesos (125 dólares) por familia y que beneficiará a un millón 336 mil hogares», informó el mandatario.

«Yo sé que los bonos no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan», dijo a la prensa internacional ante el anuncio de las nuevas medidas.

Piñera anunció el bono un día después de que su gobierno informara sobre un plan de reactivación de la economía por cinco mil 500 millones de dólares, tras el desplome del 3.4 por ciento de la actividad económica en octubre, el mes que estallaron las manifestaciones.

El plan busca principalmente generar 100 mil puestos de trabajo para enfrentar una esperada alza del desempleo por el cierre de cientos de locales comerciales después de ser incendiados, saqueados o destruidos, sin embargo dicha medida no atiende las necesidades de pensiones o el costo de medicamentes, los cuales también forman parte de las demandas sociales.

CONSTITUCIÓN DE PINOCHET NIEGA CAMBIOS

El fallecido dictador chileno Augusto Pinochet favoreció a la iniciativa privada en temas esenciales.

Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Carta Magna chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial.

La Constitución original cedió al Estado un rol eminentemente subsidiario y favoreció la entrada de la iniciativa privada en temas esenciales como la salud, la educación o las pensiones.

La Constitución de 1980 estableció la exigencia de elevadas mayorías parlamentarias para poder acometer reformas al texto de la Carta Magna o a otros aspectos institucionales claves en la actualidad.

Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), estos quórums, que exigen el apoyo de cuatro séptimas partes del Parlamento, son camisas de fuerza que impiden cambios de fondo en asuntos relevantes, ya que hacen necesario el respaldo de parlamentarios conservadores.

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