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[PRENSA] Despliegue de las Fuerzas Armadas: ¿una medida eficaz para resguardar la infraestructura crítica?

Publicado por Prensa UChile

La decisión del gobierno de presentar un proyecto de ley para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas con tal objetivo, sin la necesidad de declarar el Estado de Excepción, ha generado un amplio debate en el país. Tres académicos de la U. de Chile: Adolfo González y Claudia Heiss, del Instituto de Asuntos Públicos, y Francisco Soto, de la Facultad de Derecho, analizaron distintas aristas de la polémica propuesta.

El domingo durante una visita a la Escuela de Carabineros, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió con el anuncio de que presentaría un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas pudieran ser desplegadas en resguardo de infraestructura vital para el país sin necesidad de que se decrete Estado de Excepción como hasta ahora.

De acuerdo al Mandatario, la iniciativa, que este martes fue firmada para su presentación ante el congreso, buscaría desplegar a los militares para que Carabineros se concentre en su labor de seguridad social, sin que ello signifique una restricción a la libertad de los chilenos.

Varias son las voces que han reaccionado con preocupación ante la propuesta del Ejecutivo, por sus diversas implicancias. Para el investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Adolfo González, resulta preocupante que hasta el momento no exista una evaluación de lo que sucedió durante el Estado de Emergencia en el marco de la actual crisis, ya que es la oportunidad para analizar la efectividad de desplegar a las Fuerzas Armadas, tanto en relación a temas de derechos humanos como en el resguardo de la infraestructura crítica.

«Si se dictaba el Estado de Excepción Constitucional, era el momento en que el gobierno podría haber coordinado ese recurso extra para el resguardo precisamente de determinados puntos, como servicios de transporte y abastecimiento de alimentos, lo que se hizo parcialmente. A veces se tuvo a los militares en una función bastante extraña, dosificando el saqueo que se produjo en algunos establecimientos comerciales», aseguró González.

El académico sostuvo que durante el período postdictadura, uno de los grandes avances que hubo fue lograr separar «las funciones de orden de seguridad interna, y dejar a los militares solamente para el resguardo de la seguridad externa. Por lo tanto, en términos de desarrollo histórico, esto podría implicar un retroceso. Por otra parte, estaríamos estableciendo una situación excepcional como regla, ya que podría significar tener militares en forma indefinida resguardando esta infraestructura».

González marca el contrapunto con Francia, donde se usa a fuerzas militares en la lucha contra amenazas externas o de terrorismo, u otros países europeos donde se despliega a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica, con el contexto nacional, donde se vive una amplia movilización ciudadana. En este sentido, enfatiza que ambas situaciones no son asimilables. «En la práctica, hay que sopesar los riesgos que representa para la población que se llegue a concretar una medida de este tipo, por cuanto en un escenario de agitación social y movilización ciudadana, esto podría generar escenarios peligrosos», remarcó.

En una línea similar, la profesora Claudia Heiss, del INAP, reconoce que si bien existe un problema de resguardo del orden público, la solución de sacar militares sin Estado de Excepción puede ser más problemática, ya que es una función que le corresponde a Carabineros.

En su opinión, uno de los problemas es que lo que se vio en terreno fue que «se hicieron cosas que no están autorizadas por el Estado de Emergencia. Éste solamente autoriza al Presidente a limitar el ejercicio de la libertad de reunión y locomoción, y vimos medidas que son más propias del Estado de Sitio, que requiere autorización del Congreso, porque da más facultades al Presidente a través de las Fuerzas Armadas para detener personas o hacer allanamientos».

Para la académica lo que se debiera trabajar tiene que ver más con una reforma de las policías para generar una fuerza «capaz de resguardar el orden público sin recurrir a los militares, que no están preparados para eso. Esto genera un peligro de militarización del orden público, que se ha visto en otros países de la región, y que en general tiene como resultado un aumento de la violencia y un peligro a los derechos humanos debido a la falta de entrenamiento y al armamento que tienen los militares. Además, esta militarización después es muy difícil de revertir».

Por otra parte, agrega, que «la historia de los estados de excepción es una historia de represión del movimiento social; se usó para reprimir movimientos sociales, laborales, huelgas del carbón y huelgas del salitre, entre otros. Tiene una historia muy infame. El que la usó muchísimo fue Gabriel González Videla, quien empezó a decretar zonas en estado de emergencia que fueron incluso declaradas inconstitucionales. De hecho, puso a casi todo el país bajo Estado de Emergencia por movimientos iniciados por el alza del transporte público».

¿Ley o reforma constitucional?

Desde la óptica del Derecho, el profesor Francisco Soto planteó que esta discusión, más que propia de una ley, apunta a la Constitución, ya que «la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público es un tema constitucional que está tratado en los Estados de Excepción. Si se quiere cambiar esa forma de participación, debe modificarse la Constitución«, ya que también implica intervenir en las atribuciones que le caben a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.

El académico recordó que durante los últimos años «hemos ido cada vez más cercenando las atribuciones del Estado de Excepción, ya que durante la época de la dictadura estos temas eran más habituales. Hay otros países como Colombia, donde la participación de las Fuerzas Armadas en estos ámbitos es más habitual, pero nuestro ordenamiento está específicamente acotado».

En su opinión, si bien se entiende que el Presidente Piñera tuvo como un factor clave la actual contingencia a la hora de plantear esta iniciativa, y que «el orden público es algo clave para la estabilidad institucional, es urgente que el Estado de Derecho pueda funcionar».

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