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[PRENSA] Crisis políticas y sociales ponen a prueba gobernabilidad en América Latina

Publicado por Xinhua

Las crisis políticas y sociales que vivieron este año varios países de América Latina pusieron a prueba la gobernabilidad en la región y evidenciaron el rechazo a las élites políticas y al modelo económico neoliberal.

En opinión de analistas consultados por Xinhua, las protestas, que crearon inestabilidad política y tensión social, son reflejo de la crisis de los sistemas políticos y tienen, además, un trasfondo económico marcado por la desigualdad.

LA GOBERNABILIDAD A PRUEBA

En apenas unos meses, los gobiernos de Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia enfrentaron protestas por la desigualdad social, las medidas de ajuste y la corrupción, entre otros motivos.

Según el analista internacional ecuatoriano Adrián Bonilla, esa ola de protestas obedece a un problema estructural que se arrastra desde hace 30 años con el retorno de América Latina a los gobiernos civiles.

«No hemos tenido grandes éxitos en la región, ni en la economía, ni en el desarrollo. Este es un tema común de la región, que da cuenta que el sistema político inaugurado en la década de los años 80 se encuentra en estos momentos bajo acecho», expuso Bonilla.

A su parecer, el actual panorama no se debe a una crisis general de las democracias, sino a una crisis de los sistemas políticos.

«La ciudadanía no busca salidas autoritarias (…), la ciudadanía demanda más democracia, pero las respuestas de los regímenes políticos han sido la incapacidad para proveerla porque pretenden mantenerse en el poder», analizó.

Para el catedrático colombiano Giovanny Reyes, de la Universidad del Rosario de Bogotá, la situación «es una alerta para los gobiernos actuales».

«Los partidos están demostrando que hasta cierto punto no son instancias de intermediación social o sea que el partido político no representa necesariamente los intereses de las personas», detalló.

En esta línea, el analista político e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño razonó que las crisis obedecen a un descontento y a una desconfianza de las élites políticas sean de izquierda o de derecha.

La desconfianza, dijo, surge «frente a gobernantes que proponen condiciones de bienestar para las amplias mayorías, pero que no se cumplen dentro del período de ejercicio presidencial».

En el caso chileno, por ejemplo, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Claudia Heiss remarcó que los partidos políticos no asumieron las demandas de los movimientos sociales del país, que aumentaron durante la última década, lo que llevó al estallido del 18 de octubre pasado.

En su opinión, «el estallido ha tenido la virtud de remecer a las élites políticas y remecer a los partidos para lograr un cambio constitucional que no se había podido lograr en décadas».

DOS MODELOS ECONÓMICOS EN PUGNA

Las crisis, al mismo tiempo, dejaron claro que en América Latina están en juego dos tipos de caminos en términos económicos, de acuerdo con los expertos consultados.

«El uno, es un camino neoliberal-empresarial que están aplicando la mayor parte de gobernantes conservadores de América Latina, y el otro, es un camino de economía social, que no significa necesariamente un camino socialista», reflexionó Paz y Miño.

La pugna entre esos dos modelos «evidencia una vez más una confrontación abierta entre una élite clasista que quiere guardar sus privilegios frente a las poblaciones que se levantan y protestan porque las políticas económicas no les están favoreciendo».

Coincidió en este sentido Heiss, para quien «hay una crisis de la relación entre, de alguna manera, el dinero y la política. Hay una crisis del neoliberalismo».

También para el político, abogado y analista colombiano Alirio Uribe, las movilizaciones tienen que ver con el modelo económico de América Latina, una región que «ha tenido muchísimo desarrollo y crecimiento económico pero sigue siendo a la vez uno de los continentes más desiguales del mundo».

«Hay una mezcla de pobreza extrema con clases medias que están tratando de sobrevivir y unas pequeñas élites que acumulan grandes capitales, entonces eso ha venido generando vacíos e inasistencia social», dijo.

A ojos de Heiss, la desigualdad que afecta a Chile está vinculada con la estructura institucional que protege «este modelo neoliberal que pone la propiedad privada, en el fondo, por sobre cualquier otro derecho».

«La gente que está protestando por este modelo no es solamente de izquierda, hay gente de izquierda y de derecha que comparten, en el fondo, este rechazo al modelo neoliberal», instó.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

Para Paz y Miño, el problema de la región es la falta de continuidad de las políticas sociales y, si no se cambia de modelo, se agudizará el conflicto social.

«La perspectiva de la región es la profundización de las desigualdades, la concentración de la riqueza y la depauperación (empobrecimiento) de las condiciones de vida y de trabajo de la población», señaló.

Bonilla, por su parte, recordó que según estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial, en términos económicos, la región va a seguir estancada en los próximos dos o tres años.

Esto «significa que vamos a seguir teniendo un telón de fondo que alienta el conflicto social, van a seguir siendo años turbulentos en América Latina», apuntó el también profesor en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En el caso de Chile, Heiss aclaró que no hay «un camino en línea recta» para lograr una salida porque la gente desconfía de las soluciones políticas.

«A la gente en Chile no le basta que le digan que ya no va a regir la Constitución del 80, quiere tener una nueva Constitución que tenga legitimidad, y para que esa Constitución tenga legitimidad tiene que ser una Constitución inclusiva, tiene que ser una Constitución con participación de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las independientes, y todo eso no está en absoluto resuelto», apuntó.

En cuanto a Colombia, comentó Uribe, «este gobierno tendría una oportunidad si dialogara y negociara realmente con los sectores sociales y populares; el gobierno sí podría reconocer que hay una nueva agenda política y tratar de darle respuesta a esas problemáticas (…) No se trata de un diálogo inútil sino de una negociación con todos los sectores que están movilizados».

En cualquier caso, apuntó Reyes, a lo largo de los próximos meses no se pueden descartar nuevos disturbios o manifestaciones populares en algún otro país latinoamericano, «pues las personas consideran que el derecho a las protestas los puede ayudar a solucionar los problemas que los aqueja».

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