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[DIVULGACIÓN] “La vida digna”, el paraguas que encierra la exclusión

A partir de un estudio etnográfico de las demandas por la vivienda y el derecho a “la vida digna” de los pobladores del Comité de Allegados Don Bosco en La Florida, Miguel Pérez estudia cómo las políticas neoliberales de vivienda han promovido la segregación de familias pobres en las periferias de la ciudad y cómo estas se han materializado en la lucha por su dignidad. Los resultados de esta investigación se encuentran en el artículo “Toward a life with dignity: Housing struggles and new political horizons in urban Chile”, que fue publicado en el journal American Ethnologist de la Asociación de Antropología Americana (AAA).

El derecho a “la vida digna” es la bandera de lucha de todos los pobladores, cuenta el antropólogo Miguel Pérez, investigador de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Si bien, el objetivo principal es lograr “la casa propia”, también buscan la dignidad y el reconocimiento social. No tener casa y ser allegado para los pobres es un tipo de vida que se considera indigno, principalmente por la falta de privacidad y la incapacidad de decidir de forma autónoma las decisiones en sus hogares. De manera que, su demanda surge como una lucha contra la segregación y como una crítica a las políticas de vivienda.

Para Pérez, “la vida digna” refiere a la capacidad individual y subjetiva de los individuos de disponer de un espacio que entienden como propio, donde puedan organizarse autónomamente como sujetos soberanos. Y al mismo tiempo, un espacio que les garantice no perder las conexiones, las redes que han establecido históricamente con sus familiares y vecinos. “De ahí viene la demanda del derecho a pertenecer en el barrio de origen y no ser erradicados por el mercado”. En este sentido, explica que el derecho a “la vida digna” para las y los pobladores es una expresión de un sistema de injusticia mayor. “El Estado ya no construye viviendas, las construye el privado, que bajo la lógica del mercado -propia del sistema neoliberal- construye donde el suelo es más barato: en la periferia”.

Vida Digna. Foto: Miguel Pérez
Vida Digna. Foto: Miguel Pérez

Antes de 2016, para determinar qué familias eran elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales, primero debían ser clasificados como vulnerables según el puntaje obtenido en la Ficha de Protección Social -hoy, reemplazada por el Registro Social de Hogares-, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta investigación, da cuenta de la tensión entre las opiniones subjetivas de los allegados y de los imaginarios del Estado en torno a qué significa ser pobre para los individuos de la clase trabajadora y los principios ideológicos que forman la base de programas estatales diseñados para disminuir la pobreza. En simple, “el imaginario en el cual el Estado representa a los pobres es un imaginario de un tipo sucio, con muchas carencias, sin la posibilidad de surgir, lo que para los pobladores es indigno”.

Pérez argumenta que hay una concepción clasista del esfuerzo y del mérito, dado que existe una brecha entre la forma en que el Estado representa la pobreza, que es una condición de carencia absoluta, y las condiciones actuales de los pobres neoliberales, que pueden acceder a ciertos bienes de consumo porque el mercado se los facilita, como la tarjeta de crédito en el retail o la posibilidad de endeudarse para tener ciertas cosas. “Los pobres son los únicos que están moralmente cuestionados por tener estos bienes que la sociedad ofrece. Están sujetos al escrutinio estatal de qué es lo que hacen, cómo viven y cómo consumen”.

De esta manera, la carencia de vivienda en barrios bien localizados, la expulsión de su territorio por exclusiones del mercado, los instrumentos de clasificación de la pobreza del Estado, todo esto forma y da vida a la demanda por “la vida digna”. Por eso, “la vida digna”, opera como un paraguas, explica Pérez, pues “permite leer de manera colectiva las experiencias individuales de daño y de exclusión”.


Ley de Integración Social Urbana

Hace unos meses fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley de Integración Social Urbana, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, entre otras cosas, crea las “Zonas de Integración Urbanas”,  con la finalidad de desarrollar proyectos de viviendas integradas. Para Miguel Pérez, este proyecto potencia el libre mercado ya que no está estipulado de qué forma las inmobiliarias van a crear la Zona de Integración Urbana, donde, en teoría, coexistirían las clases. “Creo que es una mirada demasiado reduccionista del problema de integración, asumiendo que solo la coexistencia espacial de los grupos va a fomentar la integración, cuando puede ocurrir todo lo contrario. Está documentado que cuando se fuerza la mixidad social de distintos grupos, los resultados pueden ser insospechados, desde mayor discriminación hasta el rompimiento de las redes como estaban forjadas antes”.

Una alternativa para tratar el conflicto de vivienda, es precisamente intervenir los barrios, entregándoles recursos. “La premisa aquí es que los pobres no se pueden integrar en sus barrios, pero en vez de sacar a los pobres de sus barrios, por qué no mejor llevar la ciudad hacia esos sectores”. De su experiencia como etnógrafo, argumenta que en todos los comités de allegados que ha estudiado: “la gente se quiere quedar en su barrio”.

Pérez, M. (2018). Toward a life with dignity: Housing struggles and new political horizons in urban Chile. American Ethnologist, 45(4), 508-520.

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