El investigador asociado COES advirtió que el sistema de contribuciones necesita mayor fiscalización antes de ampliarse, y subrayó la importancia de un debate ciudadano informado sobre el impuesto territorial.

El impuesto a la propiedad, también conocido como contribuciones, requiere mejoras sustantivas en su capacidad de fiscalización antes de avanzar hacia una posible ampliación de su base. Así lo planteó Jorge Atria, investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en entrevista con CNN Radio.

“Antes de ampliar la base, de hacerle pagar contribuciones a más propiedades, pondría atención a los mecanismos de fiscalización”, afirmó. En ese contexto, señaló que incluso el propio Servicio de Impuestos Internos ha advertido previamente sobre limitaciones en su capacidad operativa tras la publicación de reportajes sobre esta materia.

El investigador enfatizó que el debate en torno a este impuesto debe involucrar a toda la ciudadanía, tanto por su impacto redistributivo como por su alcance: “Toda la ciudadanía tiene el derecho y de hecho debería opinar sobre cómo funcionan los impuestos, entonces me parece bien que esto se entienda como un debate ciudadano”.

En relación con la actual cobertura del impuesto territorial en el país, Atria recordó que “el 79% de las propiedades en Chile no pagan contribuciones”, lo que a su juicio refuerza la necesidad de abrir una discusión amplia y bien informada sobre el diseño y los efectos del sistema vigente.

Atria señaló que también resulta relevante considerar si quienes actualmente pagan contribuciones —particularmente en los tramos de mayor valor— efectivamente reciben beneficios proporcionales, como mejoras en infraestructura y servicios que inciden en el valor de sus propiedades.

Asimismo, el académico destacó que organismos internacionales, como la OCDE, han recomendado a Chile fortalecer este tipo de tributos: “A nivel internacional lo que se le pide a Chile como sugerencia es que pague más contribuciones y no menos”. Agregó que esta orientación también tiene efectos en el acceso a la vivienda: “Entonces elevar las contribuciones es también hacer que bajen los precios de las propiedades, que más personas puedan acceder y que con esos recursos eventualmente se financien más viviendas públicas”.

Finalmente, frente a los casos en que los hogares enfrentan dificultades de pago, el académico planteó que ya existen beneficios y facilidades para algunos grupos, y consideró pertinente en casos especiales evaluar mecanismos como el apoyo focalizado o el diferimiento en el pago en cuotas.