El 18 de octubre se cumplieron siete años del estallido social. La fecha llegó precedida de un intercambio de columnas y cartas en la prensa que reabrió la discusión sobre el malestar social, la violencia y la necesidad de identificar sus causas, con argumentos teóricos, políticos y morales. La pregunta por el porqué del estallido sigue abierta, y la investigación social acumulada en estos años permite abordarla desde la evidencia empírica.
Mauro Basaure señala, en una entrevista con Hemisferio Izquierdo, que los estallidos son hechos por definición impredecibles y que esperar que un centro de investigación los anticipe sería confundirlo con una estación meteorológica. Desde su fundación en 2014, COES ha producido y analizado información sobre las múltiples causas que confluyeron en octubre de 2019. Aquí les invitamos a leer algunos de esos trabajos.
Los agrupamos en torno a las principales causas que identifican. Son explicaciones complementarias más que rivales: la evidencia apunta a una combinación de factores estructurales, subjetivos, político-institucionales y organizacionales.
1. Un conflicto redistributivo de larga data
Los datos del Observatorio de Conflictos de COES, que sistematiza la protesta registrada en la prensa nacional y regional desde 2009, muestran que las protestas en Chile han sido principalmente socioeconómicas, más que culturales o político-institucionales. Como escribían Mauro Basaure y Alfredo Joignant días después del 18 de octubre, el gran conflicto en Chile es el de la redistribución, la desigualdad y la injusticia económica y social, sobre todo en los ámbitos laboral, estudiantil y de pensiones (Basaure y Joignant, 2019).
Nicolás Somma, Matías Bargsted, Rodolfo Disi y Rodrigo Medel identifican el descontento por el acceso a la salud, la educación y las pensiones como un motor significativo de la movilización (Somma et al., 2021). Kirsten Sehnbruch y Sofía Donoso (2020) agregan que ese descontento va más allá de un solo tema: la gente está cansada de un modelo de desarrollo que perpetúa desigualdades profundamente arraigadas y condena a los grupos de menores ingresos a un nivel de vida indigno. Resumen las causas de fondo en cuatro “verdades incómodas”: un modelo de desarrollo agotado, un sistema de protección social que nunca llegó a ser un Estado de bienestar pleno, una élite política sin legitimidad y un Estado subsidiario con capacidad limitada para responder a las demandas sociales. Como ha precisado Somma, a la desigualdad se suma una sociedad que la tolera cada vez menos.
2. Abuso y expectativas frustradas
La desigualdad también se vive como trato. Sehnbruch y Donoso (2020) subrayan el trato desigual que reciben los grupos de menores ingresos de parte de instituciones públicas y privadas. Basaure y Joignant (2019) sugieren que la cuestión redistributiva se vio gatillada por una experiencia más aguda del abuso, tras dichos hirientes de varios ministros. Para Donoso (2021, p. 97), “el no más abuso en los distintos ámbitos de la vida de las personas como demanda compartida ha funcionado como motor de las movilizaciones”. A ello se suma que las expectativas de un mejor nivel de vida superaron con creces lo que la clase política y el modelo de desarrollo fueron capaces de entregar (Sehnbruch y Donoso, 2020, p. 54).
3. Crisis de representación y autonomización de los movimientos
En 2015, Somma y Bargsted ya documentaban la “autonomización política” de los movimientos sociales, es decir, el debilitamiento de sus vínculos con los partidos, una línea que Somma y Medel (2017) profundizaron después. Ese diagnóstico ayuda a entender la dimensión espontánea del estallido y la escasa capacidad de los partidos para comprenderlo y conducirlo. Somma et al. (2021) muestran que las organizaciones de movimientos sociales tuvieron un papel marginal en 2019, pese a su centralidad en los quince años anteriores, y Somma y Donoso (2023) agregan que las protestas fueron protagonizadas por miles de ciudadanos comunes aparentemente desconectados entre sí. El capítulo de Donoso (2021), junto con los de Juan Pablo Luna y Manuel Antonio Garretón en el mismo libro, muestra que ni los partidos ni los movimientos organizados condujeron la revuelta ni fueron sus interlocutores. Las élites, por su parte, eran percibidas como una clase impenetrable y aislada (Sehnbruch y Donoso, 2020).
4. Un ciclo de protesta acumulado
Desde 2011 Chile vivió un ciclo de protestas por justicia y derechos sociales, con picos en 2011-2012 (movimiento estudiantil) y 2016 (No+AFP), durante el cual la capacidad de movilización de los actores sociales se fortaleció enormemente, aunque por vías extrainstitucionales (Basaure y Joignant, 2019). Analizando los datos del Observatorio, Mathilde Allain, Gonzalo Delamaza, Antoine Maillet y Ricardo Rivas (2020) concluyen que la dinámica de la protesta no se inició con el estallido, lo que matiza la metáfora de “Chile despertó”. Pero hubo también un cambio cualitativo: el Observatorio registró más de 3.300 acciones de protesta a partir del 18 de octubre, y solo el 25% exhibió demandas específicas, frente al 92% en el período previo (Observatorio de Conflictos COES, 2020). Somma y Donoso (2023) estiman que hubo nueve veces más eventos de protesta que en la década y media anterior, y cuentan entre los factores de largo plazo mejores infraestructuras de movilización. Joignant, Somma y coautores (2024) destacan además el protagonismo temprano de los “vecinos” en el origen del estallido.
5. Instituciones que no procesan el conflicto
Basaure y Joignant (2019) retoman un estudio del PNUD de 2012 según el cual los países más desiguales y con menor capacidad institucional para procesar conflictos tienen más protestas violentas. Chile aparecía allí con pocos conflictos, pero muy radicalizados, lo que los autores explican por la baja capacidad institucional para procesarlos y por una cultura de alta represión frente a la protesta, que contribuye a que escalen. Las demandas acumuladas desde 2011 no fueron procesadas, y el Estado operó como un dique de contención más que como una estructura capaz de canalizarlas. Somma y Donoso (2023) incluyen un sistema político rígido entre los factores de largo plazo, y Somma et al. (2021) analizan cómo la estrategia del gobierno y la represión policial incidieron en la dinámica del estallido.
6. Chile en perspectiva comparada
Pocas veces se recuerda que en esos años hubo procesos comparables en el Líbano, Francia, Hong Kong, Ecuador, Colombia y Perú. Sehnbruch y Donoso (2020) ponen el estallido en paralelo con Ecuador, Colombia y Bolivia, y Basaure y Joignant (2019) lo comparan con los chalecos amarillos en Francia en 2019 y con Brasil en 2013, por la ausencia de actores y demandas definidas. Frente a Perú, las protestas chilenas estuvieron dominadas por clases medias urbanas, estudiantes y jóvenes, mientras las peruanas de 2022-2023 involucraron sobre todo a grupos desfavorecidos y comunidades rurales (Somma, Disi y Medel, 2024). Coronel y Donoso (2024) sitúan estos procesos en una reflexión regional sobre estallidos y partidos políticos.
7. ¿Y la violencia?
Una pregunta que reaparece en el debate público sobre el estallido es la relación entre explicar y justificar la violencia. Ya en octubre de 2019, Basaure y Joignant advertían que la línea entre formas legítimas y no legítimas de protesta se había vuelto más borrosa que en otras ocasiones. Basaure (2020) propuso luego un modelo para analizar la justificación de la violencia política que distingue el hecho empírico de ofrecer justificaciones de su evaluación normativa. Rodolfo Disi (2024) ha estudiado la relación entre justificación de la violencia, preferencias ideológicas y exposición a protestas.
Siete años después, la investigación acumulada en COES muestra que hay causas que comprender, entre ellas desigualdades persistentes, experiencias de abuso, expectativas frustradas e instituciones con baja capacidad para procesar el conflicto, y que esas causas deben establecerse con evidencia. El estallido resultó de factores estructurales, subjetivos, político-institucionales y organizacionales acumulados durante más de una década, y los estudios sobre 2019 no respaldan explicaciones de un solo factor, sea la frustración juvenil, la ideología o la delincuencia.
Referencias
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Acceso cerrado (originales de El Mercurio, con muro de pago o solo en papel)
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Peña, C. (2026, 8 de octubre). Faltaba más: leer bien [Carta al director]. El Mercurio.
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Acceso abierto
Campos, S. (2026, 5 de octubre). Agresiones a estudiantes de la UC abren debate: La postura de Carlos Peña y la reflexión del cardenal Chomali. Emol. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/05/1213247/agresion-estudiantes-uc-debate-violencia.html
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Otero A., M. F. (2026, 9 de octubre). Sí faltaba más. Nuevo Poder. https://www.nuevopoder.cl/si-faltaba-mas/
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