El investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Valenzuela, participó en el programa Buenos Días a Todos de TVN, donde analizó el operativo de desalojo del campamento Dignidad, ubicado entre la quebrada de Macul y el canal San Carlos, en la comuna de La Florida. El procedimiento afectó a 194 familias, según el catastro oficial mencionado en el programa.
Durante la transmisión, Valenzuela explicó que los asentamientos informales representan una de las situaciones más complejas que enfrentan las ciudades, tanto en Chile como en otros continentes. Señaló que no todas las familias pueden acceder a subsidios habitacionales, ya que la política pública exige condiciones específicas que solo una parte de las familias cumple.
El investigador advirtió sobre el alto nivel de riesgo físico del lugar, recordando que el mismo sector fue afectado por un aluvión en 1993. Indicó que la quebrada funciona como el desagüe natural de una cuenca cordillerana, donde las lluvias intensas arrastran barro, piedras y troncos, lo que expone a niños y adultos mayores a un peligro real. Añadió que, al tratarse de una propiedad fiscal, existe una obligación del Estado de resguardar la seguridad de las personas.
A partir de imágenes aéreas mostradas en el programa, Valenzuela describió que el campamento presenta distintos niveles de urbanización, con sectores pavimentados o con luminarias y otros sin servicios básicos. Precisó que parte de la infraestructura eléctrica visible podría corresponder a instalaciones previas del entorno, no construidas dentro del asentamiento.
Respecto al contexto del operativo, indicó que se trata de una situación compleja que afecta tanto al Estado como a los propios habitantes. Observó que existe una política más estricta frente a los campamentos, pero que también hay una preocupación por la seguridad y la protección de las personas, especialmente ante riesgos de aluviones e incendios.
Finalmente, señaló que las respuestas habitacionales y urbanas requieren tiempo y coordinación institucional, debido a los procedimientos y limitaciones de los municipios y servicios públicos. Advirtió que una acción demasiado rápida podría transmitir la idea equivocada de que la ocupación de terrenos representa una vía de acceso expedita a soluciones habitacionales, lo que puede generar efectos adversos tanto para las familias como para las propias políticas públicas.