Estudio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) advierte que el trabajo en plataformas de reparto en Chile, realizado por personas de diversos orígenes, se caracteriza por jornadas de hasta 12 horas, ingresos inestables y enfrentan discriminación racial por parte de clientes.

Cerca de 300.000 personas trabajan en plataformas digitales en Chile, lo que equivale al 2,4% de la población ocupada, y 3,33 millones de hogares utilizan sus servicios. Investigaciones recientes de COES muestran que, en el reparto de comida, aproximadamente el 60% de quienes trabajan son personas de origen extranjero, mientras que en transporte la proporción alcanza el 25%.

El 2,3% de la población activa del país está vinculada a este tipo de empleo. El 64% de quienes trabajan en plataformas cuentan con estudios técnicos o universitarios y el 71% se desempeña como trabajador por cuenta propia, sin acceso a seguridad social.

En el reparto, los ingresos típicos bordean los $2.800 por hora y alrededor de $140.000 semanales, con algunos casos que alcanzan $190.000. Según el estudio, existen diferencias de ingreso asociadas a las horas trabajadas: en promedio, las mujeres trabajan menos horas a la semana y perciben montos mensuales más bajos que los hombres.

Los estudios documentan jornadas de 10 a 12 horas diarias, ausencia de seguro ante accidentes y una alta dependencia de las plataformas para generar ingresos. También advierten sobre la existencia de un mercado informal de “cuentas alquiladas”, donde personas que no pueden registrarse formalmente —por falta de documentos o restricciones legales— pagan a terceros para trabajar con sus cuentas activas. Estos pagos, realizados normalmente cada semana, implican condiciones aún más precarias, ya que quienes arriendan no tienen cobertura ante accidentes, carecen de respaldo contractual y dependen totalmente del titular de la cuenta para seguir trabajando. 

La investigación consideró distintas plataformas digitales de reparto de comida, y se basó en la experiencia de trabajadores migrantes.

El estudio fue liderado por Macarena Bonhomme, investigadora adjunta de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto en COES, y del Núcleo Milenio NUDOS, quien advierte que los hallazgos evidencian un problema estructural que requiere atención.

“Estos datos muestran que la economía de plataformas, aunque abre oportunidades de ingreso para las personas migrantes, se desarrolla en un contexto de alta precariedad, inestabilidad y donde deben enfrentar racismo por parte de los clientes y en las calles mientras se desplazan. Este racismo por parte de los clientes además impacta su trabajo, ya que se asocia también a bajas calificaciones en la aplicación producto muchas veces de un sentimiento anti-inmigrante. Es fundamental avanzar hacia regulaciones que garanticen la seguridad, estabilidad y derechos para todas las personas que trabajan en este sector”, señaló Bonhomme.

Las cifras plantean un desafío para fortalecer la protección social y mejorar las condiciones laborales en la economía de plataformas, garantizando entornos más seguros, estables y justos para todas las personas que participan en este sector.