La investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y académica de la Universidad Diego Portales, advirtió que la prolongación de esta medida puede dificultar la implementación de soluciones de largo plazo si no se trabaja previamente en construir confianza con las comunidades involucradas.

En entrevista con Radio ADN, analizó las implicancias de mantener, por cerca de cuatro años, el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, medida que permite el despliegue de fuerzas para controlar la seguridad en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

“Es una medida que debiera ser extraordinaria y después de cuatro años, puede haber una tendencia a normalizarlo”, afirmó Gerber, quien advirtió que esta situación pone en tensión el doble mandato de las fuerzas del orden: “asegurar el orden y la seguridad pública, pero al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales de las personas”. Lo que, en contextos de estado de excepción, agregó, puede quedar en entredicho.

Gerber mencionó que diversas instituciones han documentado efectos negativos en la población: “Distintas instituciones como el INDH, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, también han identificado temas de allanamientos violentos. Hay un estudio sobre cómo esto afectaba a niños, niñas y adolescentes en la zona”.

Advirtió que el control prolongado puede deteriorar la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad: “Cuando ciertos grupos pueden sentir que los están controlando más de lo que los están protegiendo. Entonces, esto puede afectar las relaciones de la ciudadanía, tanto con las fuerzas del orden, como con los demás grupos. La confianza hacia el Estado que, en el fondo, durante este tiempo ha estado puesta en cuestión”.

Frente a la reducción de hechos violentos reportada por autoridades, remarcó que la sensación de seguridad no debiera estar condicionada: “¿Dependemos entonces del estado de excepción para sentir esta seguridad?” Y añadió: “Finalmente nos terminamos acostumbrando más al control del Estado, al control de la autoridad, más que a las medidas de prevención o a abordar los temas de fondo”.

“La mano dura puede resultar en un momento, en un corto plazo, pero tiene este problema de que la sociedad no funciona así. Lo que se necesita es que la ciudadanía confíe en sus autoridades, necesitas legitimidad, y eso se va construyendo a través del respeto, se va construyendo a través del diálogo, a través de que las personas sientan que las instituciones se preocupan de su bienestar”.

Sobre las causas de fondo del conflicto, Gerber puntualizó: “No hay que olvidar, y a veces es fácil simplificar y pensar que el conflicto en la macrozona sur tiene que ver solamente con el tema de ciertos grupos activistas […] pero en realidad si uno mira, por ejemplo, datos de encuestas a la población indígena en general en Chile, le preocupan muchas otras cosas. Le preocupa el tema de la salud, de la educación, las pensiones, que son necesidades y deudas históricas que el Estado ha generado porque existe un grupo de personas en distintos contextos que han vivido una situación de menor privilegio a otros grupos sociales”.

Asimismo, la académica valoró el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, indicando que “puede ir más en la línea correcta, de pensar en tanto el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también el tema de pensar en el desarrollo económico, solucionar problemas que están más a la base y que finalmente son los que más afectan a las personas en el día a día”.

Sin embargo, advirtió que esta implementación requiere tiempo, participación y condiciones adecuadas: “Las intervenciones de la comisión van a tomar tiempo, va a ser algo que no vamos a ver su efecto en menos de cinco, diez o quince años probablemente”. En ese sentido, enfatizó que es necesario generar un entorno propicio para que dichas medidas puedan desarrollarse: “Hay que trabajar en construir confianza antes de poder implementar este tipo de medidas, porque si no existe, puede haber un rechazo muy fuerte justamente de los actores que tienen que participar en estas intervenciones para hacer que funcione finalmente”.

En su opinión: “ Creo que hay que pensar en alguna forma de transición que vaya enfocándose más en problemas políticos estructurales y menos en el problema de la seguridad”. También alertó que “se habla de que disminuyó la violencia, pero en realidad no ha disminuido cierto tipo de violencia, el tema de la violencia y el exceso policial en la zona es un tema que sigue existiendo muy fuertemente”.

La académica concluyó que se debe dejar de pensar que lo que ocurre en la macrozona sur es violencia política o delincuencia para abordar el problema de manera integral y buscar soluciones que beneficien a las comunidades.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa en el link.