Con el propósito de respaldar con evidencia científica la discusión en torno al proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín 16.522-12), los investigadores del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Carolina Stamm y Felipe Irarrázaval, presentaron en marzo los resultados de su estudio titulado «¿Cómo mejorar los procesos de calificación ambiental? Evaluación ambiental, conflictos y participación ciudadana en proyectos energéticos» ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El proyecto, encabezado por Irarrázaval y en el que participan las académicas Caroline Stamm y Carolina Rojas, realiza un análisis cruzado entre los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y la base de datos del Observatorio de Conflictos de COES para identificar el impacto de los eventos de protesta y de la participación ciudadana en los tiempos de demora de los sistemas de evaluación de impacto ambiental.

Según la académica Caroline Stamm, la base de datos del Observatorio de Conflictos resultó ser un recurso esencial al proporcionar análisis preciso sobre la conflictividad medioambiental hasta ahora no disponible. “Más allá de esta investigación precisa, que aporta evidencias científicas al proceso actualmente en discusión de modificación a la ley de medioambiente, la base permite monitorear la conflictividad en tiempo real y puede ser un insumo clave para políticas públicas en distintos ámbitos”, comentó.

El estudio reveló que la participación ciudadana es crucial en los tiempos de tramitación y que las empresas deben mejorar sus estándares de comunicación con la comunidad para facilitar el avance de los proyectos en el sistema. “Las empresas deben mejorar sus estándares de comunicación con la comunidad para facilitar el avance de los proyectos en el sistema”, recomendó Irarrázaval.

Asimismo, el investigador de la línea de Geografías del Conflicto de COES advirtió que el no considerar esta variable no solo conduce a resoluciones ambientales inciertas, sino también al aumento del uso de recursos administrativos o instancias judiciales posteriores debido a la mala recepción por parte de la comunidad.

Este estudio, financiado por el Centro de Políticas Públicas de la UC, surge del proyecto Mini-COES “Proyectos de inversión, conflictividad socio-territorial y estrategias de los actores en la evaluación ambiental en Chile 2012 – 2019”, dirigido por Irarrázaval junto a Caroline Stamm, Antoine Maillet y Aldo Madariaga.

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