Publicado originalmente en La Tercera, por Juan Pablo Rodríguez

Durante el último tiempo algunos sectores han planteado la idea de incluir una tercera alternativa a la del apruebo o rechazo en el plebiscito de salida. Además de ser una medida que agrega incertidumbre al proceso, amenaza la confianza que los individuos tienen en las reglas del juego una vez que éstas han sido acordadas y decididas y son, por tanto, conocidas por todos. Así lo ha establecido en su informe la Comisión Venecia, organismo internacional de expertas en materia constitucional que visitó recientemente Chile a petición del senado. ¿Qué pasaría si se pasan a llevar estas certezas mínimas? Ya que un conjunto de reglas del juego claras, acordadas y votadas en un proceso democrático, producen paz y orden, probablemente tendríamos un escenario de caos y violencia. Pero no es por miedo que debería descartarse la tercera alternativa.

¿Qué nos muestra la experiencia comparada sobre experiencias fallidas de cambio constitucional? El islandés es uno de los casos de cambio institucional más significativo del último tiempo. Fue una respuesta institucional a las movilizaciones surgidas como reacción a la crisis económica del 2008, contó con altos niveles de participación ciudadana, incluyó formas novedosas de participación (trabajo de grupos transmitidos vía streaming, encuestas deliberativas abiertas, mecanismos digitales, entre otros), pero no llegó a puerto. Se redactó una propuesta de nueva constitución, pero el texto encalló en el congreso. No hay hasta hoy una nueva constitución en Islandia.

¿Qué falló y qué lecciones se pueden sacar para el caso chileno?

Las razones son múltiples. Desde un comienzo hubo una separación muy marcada entre el parlamento y los órganos que se crearon para llevar a cabo el proceso. Hubo además problemas procedimentales que restaron legitimidad al proceso. La elección de la asamblea constituyente, por ejemplo, tuvo que repetirse al ser declarada inválida por la corte suprema. Más importante aún, las instancias creadas para formular la nueva constitución – una asamblea constituyente conformada por 25 miembros, y un Foro Nacional que contó con la participación de 950 personas elegidas al azar y que informó los contenidos a la asamblea – tuvo carácter consultivo y no vinculante. Finalmente, se marginó de esas instancias a representantes de los partidos políticos. En otras palabras, Islandia tuvo su octubre pero no su noviembre.

En un segundo plebiscito, de carácter consultivo, el pueblo islandés aprobó con un 64% que la nueva constitución se rigiera por el borrador que había propuesto la asamblea constituyente. Pese a este resultado, el parlamento decidió “congelar” el proceso de cambio constitucional, dando respuestas parciales a algunas de las demandas de la agenda corta de su estallido, y dilatando la tramitación de la nueva constitución al interior del parlamento.

El parlamento desoyó el clamor popular porque no estuvo de acuerdo con el contenido de la nueva constitución, pero sobre todo porque no fueron vinculados en ninguna etapa al proceso. Esto sumado a las fallas del proceso, y al carácter consultivo de los plebiscitos, restó legitimidad a la discusión constitucional, que se cuenta entre las más innovadoras en materia participativa.

El proceso chileno ha tenido aciertos y errores, pero no ha mostrado hasta ahora ninguno de estos vicios. Se originó como una salida institucional al estallido social y fue seguida de dos elecciones impecables. Si el resultado del trabajo de la convención no convence, entonces será la ciudadanía la que podrá optar por la opción rechazo en el plebiscito de salida. Mientras no sepamos el contenido del borrador final, el plebiscito y sus reglas son la única certeza que tenemos.