En un artículo publicado en 1994, el politólogo Philip Oxhorn se preguntaba ¿dónde se fueron los que protestaban? en referencia a la importante desmovilización de los sectores populares tras la recuperación de la democracia. Para entender este proceso, desde la investigación en temas urbanos, se identificaron los efectos de la política de vivienda desplegada por los gobiernos de la Concertación. Se mostró cómo la política de construcción masiva de viviendas sociales, desarrollada durante toda la década del noventa, había sido exitosa desde el punto de vista cuantitativo, en la medida que había reducido significativamente el déficit habitacional heredado de la dictadura[1], pero había tenido un efecto negativo sobre el comportamiento social y político de los pobladores. Inspirados por las trabajos norteamericanos asociados a la “nueva pobreza urbana” (Wilson, 1987), se planteaba que la concentración de las familias más pobres en la periferia tendría como efecto la intensificación de distintas patologías sociales, tales como la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción, la deserción escolar y, entre ellas, el “inactivismo político” (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Tironi, 2003).

A partir de este diagnóstico, importada desde el debate norteamericano, comenzó a difundirse entre las ciencias sociales y los medios de comunicación la categoría de “gueto” para describir las condiciones de vida de los pobres urbanos en los conjuntos habitacionales entregados por el Estado. Aun cuando esta categoría sea usualmente utilizada con el fin de denunciar los efectos negativos de la política habitacional, tanto en términos de falta de acceso a servicios (trabajo, educación, salud) como de extensión de la violencia en la vida cotidiana de las personas, ésta ha contribuido a estigmatizar las formas de vida de los sectores populares. Por una parte, se construye una imagen homogénea de las poblaciones en la que se resaltan sus aspectos negativos, especialmente la delincuencia y el narcotráfico; y, por otra parte, genera una visión nostálgica respecto a las movilizaciones políticas del pasado, parámetro desde el cual los pobres urbanos aparecen hoy como individuos pasivos, desesperanzados, apáticos respecto a los procesos de transformación social (Caldeira, 2009).

La amplia participación de las poblaciones en el estallido social ha puesto en cuestión este diagnóstico. ¿Por qué ahora se movilizan los pobres?, entre las protestas de mediados de los ochenta y los enfrentamientos en Lo Hermida o Pudahuel Sur ¿existe alguna continuidad? ¿qué rol juegan los partidos políticos tradicionales? A partir de distintas investigaciones en las que he participado desde 2010, primero, quisiera complejizar la tesis del inactivismo político en los barrios periféricos de la Región Metropolitana; y, segundo, mostrar algunos elementos comunes de las principales organizaciones que hoy contribuyen a politizar la “cuestión poblacional” a partir de la lucha por la vivienda. Para ello, mostraré la función que ocupa la palabra dignidad dentro del lenguaje político de los pobres urbanos.

¿FUERON PASIVOS LOS POBRES DE LOS ’90?

Desde los estudios urbanos y, especialmente, desde los medios de comunicación se ha descrito al sector de Bajos de Mena en Puente Alto como “el gueto más grande de Chile” (Atisba, 2010). Con una población de alrededor de 120.000 personas, con un acceso muy limitado a servicios y equipamiento urbano, identificado como “barrio crítico” por sus altos niveles de violencia y narcotráfico, Bajos de Mena ha sido el emblema del fracaso de la política de vivienda impulsada por la Concertación durante la década de los noventa.

Durante el estallido social, se registraron distintas manifestaciones en el sector desde caceroleos, cabildos, asambleas territoriales hasta barricadas y constantes ataques a la comisaría. Actualmente, en los medios de comunicación, se muestra cómo, frente a la expansión del coronavirus, los vecinos han comenzado a organizar ollas comunes en distintos sectores, en algunos casos, con apoyos de la Municipalidad de Puente Alto y, en otros, de forma autogestionada.

¿El estallido fue el comienzo de la movilización en Bajos de Mena? Al parecer, no. En un artículo elaborado por Rodrigo Salcedo (2017) a mediados de los años 2000, se identifican tres estrategias desplegadas por los vecinos para hacerse escuchar: 1) los residentes organizan sus manifestaciones fuera de Bajos de Mena, por ejemplo, afuera del Serviu; 2) los pobladores tratan de llevar a las autoridades políticas al barrio; y 3) los grupos políticos más radicalizados organizan manifestaciones violentas dentro de la zona.

En línea con este argumento, realizamos un análisis de la prensa entre 2001 y 2020[2], a partir del cual identificamos cuatro grandes conflictos: el más antiguo en el sector es el impulsado por distintas agrupaciones de deudores habitacionales, quienes, a través de diversas acciones (barricadas, velatones, huelga de hambre, entre otras) buscaban que el Estado condonara la deuda que mantenían con la banca. En este conflicto, emergen la Coordinadora de Pobladores en Lucha (COPOL) y la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha Chile), las cuales, más allá del conflicto específico asociado a la deuda, despliegan un discurso político muy crítico contra el modelo neoliberal y el tipo de democracia que se reorganiza tras la caída de la dictadura.

Un segundo conflicto importante surge a propósito de la explosión que se produjo el año 2003 en una cámara subterránea, liberando una importante cantidad de gas tóxico, producto de la construcción de 25.000 viviendas sobre el ex vertedero La Cañamera. Frente a este evento, vecinos de las villas San Guillermo, Santa Elvira, El Volcán, Santa Catalina y Estaciones Ferroviarias realizaron distintas manifestaciones (toma de edificios públicos, de canales de comunicación, entre otras) y, algunos de ellos, se organizaron en la Asamblea Popular de Puente Alto. En una toma realizada en la oficina central de la UNICEF el año 2011, los pobladores denunciaban tanto al Estado “por la criminal decisión de instalar a miles de personas sobre un vertedero” como al alcalde de Puente Alto por sus “ataques y amedrentamientos”.

Un tercer conflicto, más puntual, pero que persiste en la memoria de sus habitantes, se produce a propósito de un incendio en la población Pedro Lira el 10 de junio de 2012, el que costó la vida a una joven madre y sus dos hijos. A propósito de este incidente, los vecinos realizaron barricadas y organizaron marchas al interior de Bajos de Mena, con el fin de denunciar las malas condiciones de vida en los blocks: “Ésta es la última escoria, ¡ni siquiera tenemos dónde cargar una tarjeta Bip!” relata una vecina al diario La Cuarta. Al respecto, el entonces alcalde Manuel José Ossandón declara: “El caso de Bajos de Mena es el más grave de Chile, hay que demoler estos guetos de pobreza”.

Finalmente, en relación con las declaraciones del alcalde, identificamos un cuarto conflicto, esta vez asociado a la “solución” que propuso el primer gobierno de Sebastián Piñera al caso de Bajos de Mena. Para el gobierno, la mejor alternativa para los vecinos era darles una “Segunda Oportunidad”, es decir, demoler las villas Francisco Coloane y Cerro Morado, ofreciendo a los actuales residentes un nuevo subsidio para que compraran una casa de hasta 700 UF. Esto generó un verdadero clivaje político al interior de Bajos de Mena, entre quienes apoyaban el programa y eran cercanos al senador Ossandón y quienes se oponían. Entre este último grupo, hay quienes reclamaban por el monto del subsidio, pidiendo que se elevara a 1000 UF, y otros que no tenían interés en irse del lugar.

Como se puede observar, los pobladores de Bajos de Mena han desplegado distintas estrategias para denunciar tanto las malas condiciones en que viven como la responsabilidad del Estado en su solución. En estas acciones, destaca la emergencia de distintas organizaciones políticas que han surgido a propósito de estos conflictos, pero que, en muchos casos, parecen no haberse mantenido activas. Lo que se identifica de forma constante es la presencia de dirigentes, especialmente mujeres, que van, en algunos casos, activando la movilización y, en otros, mediando la intervención del Estado en el sector. Paralelamente, también han surgido distintas iniciativas culturales protagonizadas por jóvenes, donde destacan el Festival de Cine Social (FECISO), que se realizó en junio de 2013 en la población El Volcán, o el encuentro nacional de grafiteros “Metting Bajos de Mena” que se realiza desde el año 2015. Una parte importante de estas organizaciones busca politizar la “cuestión poblacional”, es decir, enmarcar la situación de Bajos de Mena en una crítica estructural contra el “modelo” chileno.

LA DIGNIDAD NO SE MENDIGA, SE CONQUISTA LUCHANDO

El caso de Bajos de Mena y, en general, de las villas entregadas por el Estado desde la década del noventa, han sido una alerta constante no sólo para sus residentes, sino también para miles de familias que aspiran a una vida digna a través de la casa propia. El 11 de noviembre de 2019, a menos de un mes del estallido social, alrededor de 300 familias intentaron tomarse un terreno perteneciente a la Viña Cousiño Macul, en el sector de Lo Hermida en Peñalolén. En una declaración firmada por distintas organizaciones, se llamaba a “todos los pobladores y pobladoras de Chile a ponerse de pie, sumarse a la justa lucha por la vivienda digna, así como a tomar protagonismo en el proceso de cambio social que está viviendo nuestro país. Chile despertó: ya no es hora de esperar soluciones, es hora de conquistarlas”.

Esta importante movilización en Lo Hermida no es un fenómeno aislado en las últimas décadas. Pese a que la toma de Peñalolén en 1999 fue descrita como “la última toma” (Salcedo, 2010), distintos investigadores (Angelcos y Pérez, 2017; Del Romero, 2018; Rodríguez, 2020) hemos mostrado cómo, desde esa ocupación, se ha iniciado un nuevo ciclo de movilización del movimiento de pobladores que ha permitido la emergencia de distintas organizaciones (Movimiento de Pobladores/as en Lucha, Ukamau, Movimiento del Pueblo Sin Techo, Movimiento por la Dignidad, Movimiento de Pobladores/as Vivienda Digna, entre otros), instancias de coordinación nacional (Federación Nacional de Pobladores) y orgánicas políticas (Partido Igualdad, Pueblo Libre, por ejemplo) que, pese a no tener un gran impacto en la pública, han politizado el problema de la vivienda social, participando en negociaciones con el Estado, ocupando cargos públicos o comentando proyectos de ley ante el parlamento.

Ubicándose en la memoria histórica del movimiento de pobladores, estas organizaciones han reemplazado a los partidos políticos tradicionales en su rol de conducción de la demanda por vivienda y han dotado de un nuevo lenguaje político a los sectores populares. Para ello, buscan articular las expectativas morales de los sectores populares (sus deseos de vivir una vida digna) con la construcción de un discurso político radical que denuncia la exclusión social y política del pueblo que, a su juicio, estructura nuestra democracia (Angelcos, Jordana y Sandoval, 2019).

Para los pobladores, las políticas de construcción masiva de viviendas sociales, pese a que fueron presentadas como una solución al déficit habitacional, se transformaron progresivamente en una amenaza para sus condiciones de vida, no solamente por la falta de acceso a servicios y equipamiento urbano que implica su traslado a la periferia, sino también por el quiebre comunitario asociado. Para una familia popular, la solidaridad vecinal es vital para enfrentar tanto la sobrevivencia económica como para organizar las relaciones de cuidado (Han, 2012). Esto se ha visto con mucha claridad en la actualidad a propósito de la organización de ollas comunes y otras estrategias de prevención del contagio. En este sentido, la demanda por vivienda digna, especialmente desde la toma de Peñalolén en 1999, es asociada por los pobladores al derecho a vivir en la comuna en que actualmente residen (Angelcos y Pérez, 2017).

A partir de esta demanda, las organizaciones de pobladores han reconstruido un lenguaje político popular. En pancartas, declaraciones y manifestaciones es usual observar cómo la demanda por vivienda se enmarca en la reivindicación por el “derecho a la ciudad”. Este concepto, proveniente de la tradición marxista (Lefebvre, 1968; Harvey, 2013), supone una desmercantilización de la ciudad, en la medida que reivindica, por un lado, el derecho a la apropiación colectiva del espacio (contra su apropiación privada) y, por otro, el derecho a participar en la toma de decisiones relativas al hábitat urbano. Para el movimiento de pobladores, el derecho a la ciudad no solamente significa mejor acceso a servicios y equipamiento urbano, sino a la participación activa en la definición de su comunidad. Como señala un dirigente del Movimiento de Pobladores en Lucha al diario Uchile: “nosotros queremos construir barrios, somos productores, no beneficiarios. Al ser productores de hábitat queremos producir nuestras viviendas, nuestros barrios y no queremos que ellos nos digan dónde y cómo tenemos que vivir”.

Ahora bien, la demanda por una vivienda digna y la reivindicación del derecho a la ciudad asociada, encuentran sentido dentro de un reclamo más amplio por una vida digna. Desde el estallido social, hemos visto cómo la palabra dignidad se ha posicionado en el centro del discurso crítico hacia el modelo neoliberal. En el caso del movimiento de pobladores, esta palabra tiene una importante carga histórica. Durante buena parte del siglo XX, a través de la palabra “dignidad”, los pobladores disputaron al Estado la definición de las condiciones mínimas que garantizan, no solamente la sobrevivencia, sino una vida decente. En esta lucha, el conflicto por vivienda ha sido central. Hasta la década del ’80, luchar por una vida digna implicaba abandonar la “población callampa” y construir una población reconocida legalmente por el Estado. En este proceso, los partidos políticos de izquierda buscaban enmarcar la lucha por una vida digna en el proceso de transición hacia el socialismo, lo que implicaba la articulación del movimiento de pobladores con otros actores sociales, especialmente el movimiento sindical.

En la actualidad, la lucha por una vida digna no se agota en el acceso a la casa propia. Como muestra la conflictividad presente en Bajos de Mena, la vida a la que aspiran los pobres urbanos supone la producción de una comunidad, con acceso a servicios y equipamiento urbano de calidad, un barrio “tranquilo”, es decir, sin delincuencia y narcotráfico. Las organizaciones de pobladores actuales intentan enmarcar estas expectativas dentro de un discurso político anticapitalista, intentando mostrar, tal como en el pasado, que la posibilidad de alcanzar una vida digna supone la transformación radical del modelo social, económico y político. En la práctica, esto ha significado el diseño de una estrategia institucional de acceso al poder, disputando cargos de elección popular y estableciendo alianzas con otros actores, por ejemplo, con el Frente Amplio o, actualmente, con el comando “Apruebo Chile digno”.

CONCLUSIONES

Como hemos querido mostrar, la recuperación de la democracia, si bien constituyó un logro muy significativo para los distintos actores que se movilizaron en la década de los ochenta, tuvo el efecto paradójico de desmovilizar a los sectores más pobres, en la medida que, como muestran distintas investigaciones, las políticas de vivienda operaron como una forma de gobierno sobre los pobladores, limitando sus posibilidades de participación política (Özler, 2012; Posner, 2012; Murphy, 2015). Ahora bien, esto no significó una aceptación pasiva de las “soluciones” que les entregaba el Estado. Como vimos, las malas condiciones en que viven los sectores pobres han sido tematizadas no solamente por las ciencias sociales, sino por los mismos vecinos quienes, en distintas ocasiones, se han organizado para reivindicar al Estado su derecho a vivir una vida digna.

Desde mi perspectiva, el estallido social ha sido una oportunidad para que los pobladores puedan expresar su descontento a un público más amplio, superando el carácter local que muchas veces adoptan sus reivindicaciones. Tal como en la década de los ochenta, parte importante de la clase política interpreta su participación en el conflicto como violencia delictual que no contribuye a la construcción de una salida democrática. Sin reconocer el carácter político de estas manifestaciones y la necesidad de incorporar a estos actores al proceso constituyente, es imposible reconstruir un nuevo pacto social que sea legítimo en el largo plazo.

NotasY REFERENCIAS