La mayor parte de las transiciones a la democracia ocurridas en décadas recientes en América Latina vino acompañada de procesos de reemplazo constitucional. En Chile, las fuerzas opositoras al régimen militar contemplaban desde muy temprano este tema como un punto central de su agenda democratizadora. La vía negociada de la transición, sin embargo, determinó que se postergara y fuera finalmente reemplazado por un acomodo de las fuerzas políticas vencedoras en el plebiscito de 1988 a las reglas establecidas por el gobierno saliente. Este proceso implicó una serie de reformas, partiendo por la reforma constitucional de 1989, que hizo posible el tránsito hacia un nuevo gobierno, y más tarde las reformas de 2005, que lograron importantes avances en la construcción de una institucionalidad más compatible con la democracia. A pesar de ellas, sin embargo, el problema constitucional en Chile, lejos de desvanecerse, ha recrudecido en años recientes. El descontento ciudadano frente a un modelo político incapaz de responder a las preferencias electorales ha contribuido a alimentar el creciente distanciamiento entre sociedad e instituciones que amenaza hoy la legitimidad del sistema político en su conjunto.