La democracia ha alcanzado la máxima legitimidad normativa en la historia de este régimen político. Paradójicamente, enfrenta al mismo tiempo la más profunda crisis de su funcionamiento y sus instituciones. La posibilidad real de los gobernados de participar en la toma de decisiones y el papel de los intereses económicos en la política han llevado a cuestionar la representación política como mecanismo efectivo para el autogobierno. La apatía ciudadana y el decreciente apoyo a los partidos políticos y sindicatos aparecen, para algunos, como indicio cierto de la inevitable decadencia de la democracia.
Fenómenos como el Brexit y líderes como Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban o Donald Trump encarnan las tendencias populistas y autoritarias de la tercera contra-ola de la democracia que anunciara en 1991 Samuel Huntington. Aunque preocupante, la crisis de la representación política abre también una oportunidad sin precedentes para reformar y profundizar la democracia. Entre los nuevos mecanismos legitimadores se incluyen mayores niveles de transparencia y participación en la toma de decisiones políticas. En los debates constitucionales, asuntos antes reservados a expertos y representantes se van crecientemente abriendo a otros públicos. La participación y la inclusión aparecen como requisitos para que una Constitución sea legítima y capaz de generar adhesión. Colombia 1991, Islandia 2010, Irlanda 2012-2014 y Túnez 2011 son ejemplos de procesos participativos que buscaron (no siempre con éxito) crear nuevas constituciones. Siguiendo esta tendencia, Chile desarrolló en 2015-2016 un proceso pre-constituyente orientado a abrir la deliberación constitucional a la ciudadanía.