Chile es un país particularmente afectado por las catástrofes socio-ambientales. Sólo en los últimos cinco años hemos sido testigos de aluviones, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y mega-incendios. Pero las catástrofes no
sólo afectan en términos materiales, sino que además dejan en evidencia problemas de vulnerabilidad, segregación y riesgo anteriores. El tratamiento a nivel de gestión pública es considerado como una segunda catástrofe y se manifiesta una tensión entre las expectativas de los afectados y el deber del Estado. Esto propicia la configuración de nuevos procesos socio-políticos, fundamentados en el descrédito ciudadano hacia “la política”, emergiendo la necesidad de la organización comunitaria y, con ello, la articulación de acciones y discursos enmarcados en la dimensión de “lo político”.