En las últimas décadas se han establecido regímenes democráticos a lo largo de América Latina. A pesar del avance político y social que esto ha significado, existe un expandido malestar ciudadano en relación a la justicia social, la eficiencia gubernamental y la exclusión política. Como consecuencia, ha habido una ola de protesta social en varios países de la región.

Chile no ha escapado a esta tendencia. Desde el año 2011, en particular, el movimiento estudiantil y otros movimientos compuestos por ambientalistas, trabajadores, feministas y grupos en desacuerdo con el sistema de pensiones, han demandado reformas estructurales en un conjunto de ámbitos de política pública. Estas movilizaciones no solo han generado un debate
sobre cómo reformar distintos ámbitos de política, sino que también una discusión nacional sobre por qué el malestar ciudadano se expresa en las calles en vez de las urnas (lo que se evidencia en las decrecientes tasas de participación electoral, como veremos más adelante). El contraste entre la masividad de las marchas y la desafección política que se expresa en
las elecciones de nuestros representantes ha dejado en evidencia la ruptura del vínculo entre ciudadanía e institucionalidad política en Chile. Reconstruir este vínculo constituye uno de los desafíos más importantes de nuestra democracia.