En América Latina pocos países cuentan con un marco legal que regule la negociación colectiva en el sector público. No obstante, paradójicamente en la mayor parte de estos países existen organizaciones de funcionarios fuertes que negocian en la práctica una amplia gama de temas con las autoridades. A pesar del impacto de estas prácticas de negociación en el presupuesto público existe escasa información sobre su extensión y características. Este trabajo analiza el caso chileno para contribuir a llenar este vacío. Con base en un censo realizado a los servicios de la Administración Central del Estado durante el año 2016 (ENCLACE), se examina la dinámica de la negociación entre asociaciones de funcionarios y autoridades al nivel de estos organismos. El artículo demuestra que la falta de regulación no ha sido un obstáculo para el desarrollo de la negociación colectiva en este nivel. A falta de reglas claras respecto de cómo, cuándo y qué es posible negociar, las asociaciones de funcionarios han podido hacer uso de su fuerza para crear espacios relativamente estables de participación, que superan con creces los que poseen legalmente los trabajadores en las empresas del sector privado en Chile. El documento propone algunos elementos para explicar esta situación y subraya que, al menos en el caso chileno, la regulación no es el mejor criterio para evaluar el desarrollo de las relaciones laborales en el sector público ni las diferencias entre los trabajadores de este sector y los del privado.