Con motivo de la conmemoración de los cincuenta años de la promulgación de la Ley 16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias en 1968, resulta propicio reflexionar en torno al papel que les cabe en la vida social a las organizaciones comunitarias y territoriales. En particular a aquella organización que se estimó —y aún se estima— cumplía un rol de estructuración
del conjunto de vecinos y vecinas para identificar problemas, y representar y plantear alternativas de solución en correspondencia con la autoridad y las instituciones. Me refiero, pues, a la junta de vecinos, una institución que se estructuraba precisamente sobre la base de aquellas dos dimensiones: por un lado, como herramienta de articulación y expresión de los intereses colectivos en el territorio y, por el otro, como interlocutor reconocido por la autoridad y, consecuentemente, parte del proceso político de la vida republicana.