En Chile, el temor al delito ha producido una intensa agenda de participación ciudadana en los territorios. Inspirados en los postulados de la criminología ambiental y de la ecología urbana, se han difundido diversos esquemas de participación vecinal, cuyas teorías suponen que la organización y el lazo social actúa como una barrera informal frente al deterioro criminógeno y a la inseguridad en los vecindarios. Un aspecto poco analizado por la literatura refiere a cómo se producen de manera cotidiana estos procesos en el nivel micro local, cuál es el rol que juega el Estado y cuáles son los mecanismos que hacen posible la vida vecinal. El artículo, fundado en un estudio etnográfico en un barrio en Santiago, propone que el sentimiento de desprotección que experimentan los sujetos moviliza un set de prácticas sociales que les permite lidiar con la incertidumbre y ansiedad que produce el delito en sus entornos. Ello, es posible en un contexto en el cual lo barrial y lo comunitario emergen a través del llamado que hace el Estado a la ciudadanía para participar en esquemas seguritarios, los que movilizan el cuidado mutuo al mismo tiempo que segregan y etiquetan a los más pobres de la ciudad. Estas prácticas son promovidas por las políticas neoecológicas de seguridad en los territorios que ponen límites a la vida en común en la ciudad.