Las desigualdades socio-espaciales se han multiplicado en distintas partes del mundo, desde grandes urbes como Londres, Estocolmo y Roma, hasta ciudades emergentes como Santiago (Garreton, 2017; Musterd et al., 2016; Wacquant, 2016). La evidencia ha destacado los efectos de la concentración geográfica de personas desaventajadas socioeconómicamente en el empleo, el acceso a redes sociales y la movilidad social, a propósito del debate en torno a los “efectos del barrio” (Galster, 2012; Massey, 1990; Sampson et al., 2002; van Ham y Manley, 2012; Wilson, 1990, 1997). Una de las recomendaciones más influyentes que ha derivado de esta literatura con el objetivo de enfrentar el problema de la segregación, ha sido la implementación de políticas de mixidad social (Galster, 2007). Estas estrategias, que han ganado especial interés en los encargados de políticas públicas en el contexto europeo (Atkinson y Kintrea, 2002; Bricocoli y Cucca, 2016; Graham et al., 2009; Musterd, 2002), han implicado la atracción de hogares de altos ingresos hacia entornos urbanos desaventajados, o bien el traslado de hogares desfavorecidos hacia entornos más favorables, vía la construcción de viviendas sociales y revitalización urbana (Forrest y Kearns, 2001). El propósito de estas políticas ha supuesto la democratización del espacio urbano, el derecho a la ciudad a los más desposeídos (Arthurson et al., 2015a; Chaskin y Joseph, 2013), al mismo tiempo que ha sugerido aliviar el déficit habitacional, prevenir conflictos urbanos y terminar con la marginalidad urbana (Atkinson y Kintrea, 2001; Galster, 2002). En la práctica, se afirma que las políticas de mixidad podrían generar ciertos beneficios sociales, como aumento del capital social, control social, promoción de cambios comportamentales positivos, y crecientes demandas de mercado que derivarían en la disponibilidad de servicios de mayor calidad para todos los residentes (Arthurson, 2002; Joseph et al., 2007). Pese a todo, los hallazgos académicos no han entregado evidencia del todo favorable sobre la efectividad de estas políticas, e incluso se han reportado casos de interacción instrumental y limitada, estigmatización, desconfianza e interacción desigual en función de las condiciones económicas (Chaskin y Joseph, 2011; Cheshire, 2012; Fraser et al., 2015; Ostendorf et al., 2001; Ruiz-Tagle, 2016).