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[OPINIÓN] Violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en el Chile democrático: hacia un nuevo pacto social

Por Carolina Aguilera, Daniela Jara, Monica Gerber y Manuela Badilla
Publicado en El Mostrador

Las personas a quienes se les han vulnerado sus DDHH a lo largo de estos años, pertenecen a grupos en situaciones de desventaja y sectores marginados del país, como son integrantes de comunidades mapuche, además de presos y personas bajo custodia del Estado. De este modo, también la violencia policial es distribuida de forma desigual en Chile. Tal vez por ello estos casos no fueron tomados con toda la urgencia que requerían. El reciente estallido social ha develado que amplios sectores de la sociedad han vivido de manera persistente abusos, sin que la política se haya hecho cargo de ello de manera sustancial.

Es 8 de noviembre, a tres semanas del inicio del estallido social en Chile, y seguimos asistiendo con alarma a una crisis inédita de Derechos Humanos en el país posdictadura. Una crisis que consiste en cuerpos y ciudadanías violentadas, así como también en los nefastos legados que esto puede producir en generaciones posteriores: efectos traumáticos a nivel psicológico, desconfianza en el Estado y en la fuerza pública, así como el debilitamiento de la legitimidad de la democracia. Las lecciones de la experiencia del Golpe Militar y la dictadura son abundantes al respecto.

Lamentablemente, las violaciones de los Derechos Humanos que Chile experimenta estos días no constituyen casos aislados, sino más bien forman parte de un actuar de Carabineros, quienes persistentemente han abusado del uso de la fuerza y transgredido sus atribuciones a lo largo de los años, aunque no de manera tan masiva como ocurre en la actualidad.

Ello, a pesar de que el Estado se comprometió con medidas de no repetición como parte del proceso de Justicia Transicional durante la posdictadura.

Estos abusos incluyen el uso de la fuerza en situaciones en las que no es estrictamente necesario hacerlo (por ejemplo, utilizar lacrimógenas en marchas pacíficas), así como el uso de la fuerza no gradual ni proporcional en un nivel que pone en peligro la integridad física (como es, por ejemplo, disparar al cuerpo cuando no existe una amenaza a la vida de las personas).

A raíz de esto, y según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 6 de noviembre, desde el 18 de octubre hasta la fecha, se presume que al menos cinco personas han muerto a manos de agentes del Estado y más de 1.700 personas resultaron heridas y han terminado en hospitales.

Entre las personas heridas se encuentran 519 heridos por perdigones, 338 por armas de fuego no identificadas, 41 por disparos de bala y 35 por balines. Además, 177 personas tienen heridas oculares severas. Es más, estos datos oficiales estarían subestimando la real magnitud de la violencia, dado que estimaciones de organismos de la sociedad civil, como la Cruz Roja, habían estimado en 2.500 la cifra de heridos hace varios días.

La situación, en sí preocupante, se ha agravado por la lentitud de reacción que han tenido las autoridades. Por ejemplo, a dos semanas del conflicto, cuando había miles de heridos, el general director de Carabineros, Mario Rozas, seguía defendiendo el actuar de la institución, diciendo estar muy conforme con el trabajo que ha realizado y no reconociendo que se hayan cometido errores cuando se le pregunta por los casos de abuso policial (30 de octubre). Incluso, en esa oportunidad se declaraba “orgulloso” del actuar de la policía uniformada.

Esta semana, el general tuvo que asumir que Carabineros incumplió el protocolo durante una acción represiva en contra de adolescentes del Liceo 7 de Niñas de Providencia.

A su vez, la ministra vocera de la Presidencia, Karla Rubilar, el 3 de noviembre seguía negando en un programa de televisión que el Gobierno tenga responsabilidad sobre los actos que pudieran estar vulnerando los Derechos Humanos por parte del Estado. Hoy, frente a la abundante evidencia, los personeros de Gobierno han ido de a poco cambiando de posición.

Esta crisis de DDHH ocurre a tan solo nueve años de la última de las Comisiones de Verdad sobre la Prisión Política y Tortura. ¿Cómo es posible que hablemos de crisis de Derechos Humanos durante gobiernos democráticos? ¿Se trata de un asunto completamente novedoso? ¿O se trata de algo de lo cual hemos tenido muchas señales previas pero que, como ha ocurrido en tantas materias de abusos y desigualdad, no quisimos ver?

Lamentablemente, es la segunda opción la que parece predominar.

En efecto, revisando antecedentes de los Informes sobre la Función Policial del INDH, del Gobierno en materia de DDHH en Chile, y de las Naciones Unidas, podemos afirmar que la violación de los Derechos Humanos ha sido sistemática en el Chile democrático: los abusos físicos, psicológicos y sexuales, torturas e incluso fallecimientos de personas a manos de Carabineros no han sido algo exclusivo de esta coyuntura ni producto del estallido social actual, sino que forman parte de una práctica persistente en el tiempo y respecto de la cual organismos multilaterales, como Naciones Unidas, han hecho continuas advertencias al Estado de Chile.

Desde el año 2011 en adelante –cuando se inició el trabajo de fiscalización de la labor policial por el Instituto Nacional de Derechos Humanos– se han repetido las recomendaciones de este organismo sobre que los protocolos de Carabineros con respecto de las movilizaciones públicas no respetan lineamientos internacionales, por ejemplo. Si bien los protocolos fueron revisados y ahora son públicos, estos no se estarían respetando.

Así, en el informe del INDH sobre la función policial de 2017, denunciaba lo grave que había sido la Operación Huracán, y alertó de una serie de debilidades de los controles democráticos sobre el uso de la inteligencia y el desempeño de las policías.

Por su parte, en 2017, en el Informe preparado por el Estado chileno a través de la Cancillería, para ser presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (Sexto Informe Periódico de Chile ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas), se indicaba en relación con Carabineros, que desde “el an?o 2010 hasta mediados del an?o 2015 se habían investigado 737 casos de eventuales excesos en el uso de la fuerza. De estos, 392 fueron derivados a la justicia y 137 fueron castigados disciplinariamente (en 10 de ellos con la separación de la institución)”.

No se trataría de un periodo especial, ya que a lo largo de los años, este comité de las Naciones Unidas ha venido advirtiendo este problema, al menos desde 1995. A modo de síntesis, se puede decir que dicho Comité había hecho múltiples referencias a la falta de respuesta eficaz de parte de la institución de Carabineros para hacer frente a las denuncias de malos tratos y torturas (Documento A/50/44/de 1995), sin la capacidad de proceder a una investigación completa e imparcial sobre dichas denuncias (Documento CAT/C/CR/32/5 de 2004).

En respuesta al Informe del Estado chileno de 2017, el Comité de las Naciones Unidas expresó “su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes ocurridos durante el período objeto de examen”. Y manifestó su “motivo de preocupación por las informaciones coincidentes en las que se denuncian malos tratos a manifestantes detenidos, abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles” (Documento CAT/C/CHL/CO/6 de 2018).

Junto con levantar estas alarmas, este Comité insistió, sin que hasta ahora haya respuesta, en la necesidad de que el Estado chileno implemente ciertas medidas básicas. Estas deben apuntar a garantizar la no repetición de violaciones de los Derechos Humanos y entre ellas se encuentra, por ejemplo, que se implemente “un sistema de registro estadístico de denuncias de tortura desagregadas por sexo, edad, origen e?tnico-racial, situacio?n de discapacidad, etc., de las víctimas”.

Efectivamente, en los Informes del INDH se constata también la falta de estadísticas oficiales sobre uso de fuerza policial. Las observaciones de Naciones Unidas mencionan, además, la falta de respuesta que ha dado Carabineros a varios de los requerimientos de información del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En su Informe de 2017 sobre Función Policial, el INDH reporta que, pese a haber sido solicitado, no se le informó la composición de los gases lacrimógenos (que tiene sustancias tóxicas) (Informes sobre Función Policial 2016 y 2015) y el incumplimiento de algunos de sus protocolos (ejemplo: mezcla de gases con agua, y ausencia de vías de escape que impidan acorralar a masas humanas durante la operación de los carros lanzaguas).

Es decir, si bien el Estado chileno asumió un proceso de Justicia Transicional en el Chile de posdictadura, cuyas recomendaciones incluyeron cambios importantes en el funcionamiento de Carabineros y Fuerzas Armadas, casi veinte años después aún no se logran implementar cambios claves en Carabineros y otros organismos, que garanticen la no repetición de violaciones de los Derechos Humanos. Efectivamente, tal como se recomendó en la Comisión Rettig, en 1991 Carabineros pasó de depender del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y se implementó una institucionalidad con capacidad de fiscalización, como es el INDH.

Pero, entonces, ¿qué ha fallado? ¿Y a quiénes ha fallado?

Las personas a quienes se les han vulnerado sus DDHH a lo largo de estos años, pertenecen a grupos en situaciones de desventaja y sectores marginados del país, como son integrantes de comunidades mapuche, además de presos y personas bajo custodia del Estado. De este modo, también la violencia policial es distribuida de forma desigual en Chile.

Tal vez por ello estos casos no fueron tomados con toda la urgencia que requerían. Sobre este punto es necesario detenerse. El reciente estallido social ha develado que amplios sectores de la sociedad han vivido de manera persistente abusos, sin que la política se haya hecho cargo de ello de manera sustancial. El sistema público de salud ha estado en crisis por décadas, generando una experiencia de abusos para la gran mayoría de la población que se atiende allí.

Asimismo, la segregación del sistema escolar, y de las ciudades, implica que el lugar de nacimiento determina en gran medida las trayectorias de vida, lo que también se vive como un abuso. Las bajas pensiones, frente a las abultadas ganancias de los dueños de las AFP, también constituyen un abuso. Si bien, en términos formales, se habían denunciado estos hechos, de alguna manera estos habían sido naturalizados como costos de un modelo que ofrecía crecimiento económico y mayor acceso a la educación (en términos cuantitativos), entre otros. Con ello se invisibilizaron las experiencias de quienes pertenecían a las poblaciones marginalizadas.

Esta misma invisibilización ocurrió en materia de Derechos Humanos. En el informe del INDH sobre función policial del año 2017 vemos, por ejemplo, que la mayor cantidad de detenciones tras manifestaciones públicas ocurrieron en Santiago, Biobío y La Araucanía, y en términos etarios, en mayor número contra estudiantes secundarios. Como sociedad, no tomamos en serio estos hechos, como tampoco se han tomado en serio a lo largo de los años los abusos y vulneraciones que ha sufrido un amplio sector de la población que no pertenece a la élite y los sectores más acomodados.

Hoy, sin embargo, las violaciones de los Derechos Humanos han afectado a un sector mucho más amplio de la población y eso ha generado alarma, lo que podría llevar finalmente a un cambio en la situación. Pero es necesario advertir que fuimos ciegos a las advertencias que tuvimos.

Por ello es necesario establecer también un Nuevo Pacto Social por los Derechos Humanos que efectivamente garantice que vivimos en una sociedad de derecho, para todos y todas. Tal como señalan los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre función policial de 2014, 2015 y 2017, se debe asegurar el hecho de que sea la ley la que regule el actuar de Carabineros (mediante principios de necesidad y proporcionalidad). De lo contrario, no podremos hablar de una verdadera democracia.

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