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[OPINIÓN] El problema de legitimidad en las movilizaciones de octubre

Por Monica Gerber (@monica_gerber)

Publicado en Ciper

Hasta el estallido del 18/O los chilenos éramos expertos en tolerar la injusticia, quedarnos callados y seguir con nuestras vidas. En esta columna, la autora recopila los datos de ese maltrato y sostiene que cuando dejamos de tolerarlo, otras cosas también cambiaron: cayó nuestra confianza en que las formas democráticas podían brindar solución y las autoridades perdieron su legitimidad. Cree que la violencia que nos ha azotado es, antes que nada, fruto de la falta de legitimidad y que militarizar es volver a faltar el respeto a las personas y avivar la rabia.

Todos hemos sentido injusticia en algunos -o muchos- momentos de nuestras vidas. Sabemos que algunos ganan mucho más que otros, que la probabilidad de conseguir trabajo es mayor si somos hombres o tenemos los contactos correctos y que los intereses de los préstamos son menores si tenemos ingresos altos.

También sabemos que estas desigualdades no son solamente económicas. No es lo mismo ser rubio o moreno a la hora de entrar a un supermercado, ni ser europeo o indígena al interactuar con carabineros; y no es lo mismo ser chileno o inmigrante al momento de acceder a la salud pública.

Crédito: Migrar Photo

Algunos reciben un trato respetuoso y otros son mirados en menos y esta diferencia es, en muchos casos, aún más dolorosa que las diferencias económicas. Se trata de una diferencia en dignidad.

Sin embargo, cotidianamente toleramos estas injusticias, nos quedamos callados, acatamos y seguimos con nuestras vidas. Es algo en lo que nos hemos convertido en expertos, no sin un sentimiento de frustración, desesperanza y agotamiento.

Y es que a veces resulta difícil -o imposible- imaginar un futuro distinto, mientras que el día a día nos obliga a continuar para no perder nuestros trabajos y poder mantener a nuestras familias.

Mejor convencerse de que las cosas son así por alguna razón, que la meritocracia es el camino y que si trabajamos duro podremos sacar a nuestra familia adelante.

No es una sorpresa que en Chile reina la desigualdad. Tampoco es novedoso observar que en muchas situaciones los y las chilenas perciben que estas desigualdades son injustas y que -particularmente desde el año 2011- se movilizan para cambiarlas.

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Lo que no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país es el nivel de masificación de la protesta y la violencia durante este octubre de 2019.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿Por qué es tan relevante atender a las percepciones de injusticia?, ¿qué condiciones permitieron que en esta ocasión las protestas se masificaran? y, ¿por qué con violencia?

En esta columna argumento que la sensación de injusticia estructural y persistente experimentada por chilenos y chilenas no solamente ha generado rabia y los ha movilizado, sino que también ha reducido la legitimidad de las autoridades y del sistema social, disminuyendo la confianza en formas democráticas para resolver conflictos. Es más, son estas mismas injusticias y esta misma falta de legitimidad las que están a la base de las acciones violentas y de los vandalismos observados.

La decisión de militarizar y utilizar la violencia para acallar al pueblo en vez de escuchar sus demandas no soluciona el problema, sólo lo empeora. El mensaje nuevamente es de una falta de respeto y dignidad básica en el trato de las autoridades hacia las personas, y así la legitimidad no puede recuperarse. Veamos ahora cómo la investigación en psicología social y justicia social nos puede ayudar a sustentar estos argumentos.

¿Por qué es tan relevante atender a las percepciones de injusticia? Desde la investigación en justicia social sabemos que percibir injusticia tiene importantes efectos en las vidas de las personas (McCall, 2013). En Chile, existe una importante percepción de que la desigualdad económica es injusta. Datos de la Encuesta Longitudinal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES-ELSOC, 2017) muestran que el 90% de los y las chilenas considera que en Chile las diferencias de ingreso son demasiado grandes.

Otra forma -particularmente dañina- de injusticia dice relación con el trato y las interacciones, así como con la forma en que se toman decisiones. Estas “desigualdades interaccionales” se observan cotidianamente en los vínculos entre personas, entre personas e instituciones (Araujo, 2016) y entre personas y autoridades (Tyler & Blader, 2003).

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Los y las chilenas perciben injusticias también en este ámbito. Así, el informe PNUD-Desiguales (PNUD, 2017) mostró que el 41% de los y las chilenas reportaron experimentar malos tratos durante el año previo (por ejemplo, haber sido ofendido, mirado en menos o tratado injustamente). Estas percepciones de malos tratos son particularmente relevantes entre personas de clase baja. Según datos de COES (COES-ELSOC, 2017), el 45% de las personas de clase baja indicó que nunca o casi nunca son tratadas con respeto en los servicios de salud, el 44% opina lo mismo cuando el trato proviene de personas de clase alta y el 31% cuando proviene de carabineros. Lo mismo ocurre con las personas de ascendencia mapuche. Según datos de la Encuesta CEP “Los mapuche rurales y urbanos hoy” (2016) el 43,2% de los mapuche viviendo en las regiones con mayor presencia mapuche indica que ellos o alguien de su familia han percibido al menos algo de discriminación por ser mapuche en un tribunal o juzgado. De igual manera, según el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales (ELRI, 2017) del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), un 49,4% de personas mapuche siente que Carabineros no trata con respeto a las personas indígenas en Chile.

Ahora bien, ¿por qué resulta importante atender a estas percepciones de injusticia? Primero, porque el ideal de igualdad se ha establecido como una expectativa social en nuestro país (Araujo, 2013) y su incumplimiento genera rabia y malestar. Segundo, porque las personas interpretan la injusticia como un indicador de rechazo y exclusión (Tyler & Blader, 2003), sintiendo que la expectativa de igualdad se quiebra (Araujo, 2016). Por último, porque percibir que el trato recibido por parte de las autoridades es injusto, reduce la disposición de las personas a cooperar voluntariamente por el bienestar social (Tyler & Blader, 2000), promueve la deslegitimación de las autoridades (Tyler, 2006), promueve la violencia para lograr cambios (Gerber et al., 2018; Tausch et al., 2011) e, incluso, reduce la probabilidad de que las personas cumplan la ley (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006). Cuando las personas perciben que las autoridades o el sistema social en general es injusto, resulta difícil construir la legitimidad suficiente para que el sistema político pueda operar adecuadamente.

¿Qué condiciones permitieron que en esta ocasión las protestas se masificaran? Desde la psicología social sabemos que un primer requisito necesario para que las personas se movilicen es la percepción de injusticia (van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008). Sin embargo, no es suficiente percibir injusticia y sentir rabia para movilizarse. También es necesario que se genere una identidad común en torno al problema y, si esta identidad se politiza, mayor es la probabilidad de que las personas quieran protestar (Simon & Klandermans, 2001). En el Chile de los últimos años, una ola de movimientos (No +AFP, movimientos por la educación y feministas, alza de precios, entre otros) han demostrado que la sensación de deprivación no se reduce a un grupo particular y que la rabia es compartida, permitiendo la politización de una identidad en torno al malestar. Otra condición relevante tiene que ver con la percepción de eficacia grupal, es decir, la creencia de que es posible lograr un cambio por medio de la acción colectiva (Drury & Reicher, 2005). Cuando una movilización empieza a masificarse de la forma en la que lo hizo en Chile este octubre, el sentimiento de poder cambiar las cosas crece y lleva a la gente a la calle. Por último, también es importante analizar lo que indica la norma social sobre la crítica y la movilización. Si normalmente es mal visto reclamar (y ser tildado de “resentido”, “conflictivo” o de ser “un problema”), la masividad de las protestas ha hecho que la crítica se convierta en la norma.

Y ¿por qué con violencia? Porque las mismas injusticias que motivan la movilización, también reducen la legitimidad de las autoridades (Tyler & Blader, 2003) y comunican que no es viable lograr cambios o influir en decisiones políticas por medios formales de participación (voto o diálogo). Si las autoridades y el sistema social han sido injustos con los y las chilenas, ¿por qué confiar en que los mecanismos coordinados por ellos mismos lograrán solucionar el problema? Si las protestas por mejorar condiciones de vida e igualdad son acalladas con violencia policial, ¿por qué confiar en que el diálogo hará que las personas sean escuchadas? Así, para algunos, las formas extralegales de participación y el uso de violencia se convierten en las únicas medidas percibidas como viables (Gerber et al., 2018; Tausch et al., 2011). En Chile, ya tenemos experiencia con esto: el trato injusto, la discriminación, la militarización y el abuso policial hacia el pueblo mapuche promueve en vez de reducir la justificación de la violencia para lograr el cambio social entre personas de ascendencia mapuche (Gerber et al., 2018). Así, el conflicto se perpetúa en el tiempo. La violencia trae más violencia. En conclusión, el recurso a la violencia debe ser entendido como una falta de legitimidad de las autoridades y de las formas pacíficas de protesta. Es más, la literatura en justicia social evidencia que la legitimidad de las autoridades es fundamental para promover el cumplimiento de la ley (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006b). No resulta viable que un gobierno mantenga el poder a punta de metralleta (y esto ha quedado en evidencia los últimos días), sino que es necesario que el pueblo acepte a aquellos en el poder como autoridades legítimas e interiorice las leyes como apropiadas. En contextos de alta legitimidad, las personas cumplen la ley. Es así como el vandalismo, además de ser propiciado por situaciones de masividad, anonimato y anomia, puede también ser explicado por las altas percepciones de injusticia y la baja legitimidad que las autoridades chilenas han acumulado este último tiempo.

En este escenario, ¿contribuye el toque de queda, la militarización del país y la violencia policial a solucionar el problema? Probablemente no. De hecho, nuevamente las demandas del pueblo son acalladas y las movilizaciones son criminalizadas, negándose el derecho básico de las personas a un trato digno y con respeto. Así, entre injusticia y abuso, resulta difícil recuperar la legitimidad perdida.

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