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[NOTA] Panel de expertos debatió sobre los desafíos del financiamiento en la educación superior

Este martes 27 de agosto se llevó a cabo el seminario Experiencia Chilena de políticas de Financiamiento a la Educación Superior, el primero de un ciclo que busca debatir sobre los desafíos y las implicancias del financiamiento de la educación superior en el país. Esta actividad se realizó en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile y fue organizado por la Rectoría de aquella casa de estudios a través de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, el Instituto de Estudios Avanzados en Educación Superior y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social.

El martes 27 de agosto se llevó a cabo la primera sesión del ciclo: “Financiamiento de Educación Superior”, en cuyo panel de expertos participó Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica e investigador de la Facultad de Educación y del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la misma casa de estudios; Alejandra Contreras, quien es asesora del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) y ex directora de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; Harald Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Educación; Carolina Guzmán, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile; y Daniel Hojman, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile e investigador COES. La moderación del panel estuvo a cargo de Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Chile es el país que más invierte en Educación Superior como porcentaje de su PIB, alcanzando el 2,5%, mientras que el promedio de los países OCDE es de 1,5%”, con esta cifra Alejandra Mizala, académica del CIAE y del Instituto de Estudios Avanzados, inauguró el seminario titulado “Experiencia chilena de políticas de financiamiento a la educación superior”. Para contextualizar el debate, señaló que durante casi dos décadas, el financiamiento estuvo fuertemente marcado por el subsidio a la demanda a través de políticas de créditos estudiantiles como el CAE y becas con escasa regulación a la oferta, que ha traído problemas, bajo los estándares internacionales, en cuanto al aseguramiento de la calidad, un alto nivel de endeudamiento y financiamiento privado. A su vez, indicó que la implementación de la políticas de gratuidad “no ha estado exenta de dificultades, entre otras cosas, porque el financiamiento de las instituciones adscritas está sujeto a un mecanismo que depende fuertemente de la economía del país y de las prioridades de los gobiernos”.

Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas señaló que «la gratuidad está definida por ley como un financiamiento de carácter institucional, pero se calcula más como un financiamiento a la demanda. Es una incoherencia que la Ley pone encima de la mesa». Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi expresó: “me parece casi humorístico que las universidades se financien a través de un voucher”. Y agregó: “El Estado se desentendió de la responsabilidad del sistema de educación superior. El Estado lo transfirió completamente al sistema privado, para el mundo político se daba como un gran triunfo el decir <<multiplicamos por 5 o por 10 la cobertura de matrícula>>, pero dejándolo en manos de privados. Hay un triunfo por el aumento de la cobertura, pero hay una transfiguración del sentido de la educación superior”. 

El primer panelista, Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica e investigador de la Facultad de Educación y del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la misma casa de estudios, enfocó sus comentarios en función del financiamiento de la política científica, un tema que asegura que ha tenido poca discusión: “No perdamos de vista que el financiamiento a la educación superior incluye un componente importante de financiamiento a las ciencias (…) el país invierte harto en educación superior pero poco en ciencia, y eso presenta algunas dificultades respecto del horizonte de desarrollo de la educación superior y particularmente de las universidades”. También, criticó la creación de cargos no académicos para investigadores jóvenes en los centros, institutos y otros proyectos grandes, “es una solución parche (…) es una mala forma de inserción cuando estos investigadores no pueden instalarse como profesores propiamente tal en las universidades, más bien son personal de investigación contingente y sujeto a que haya recursos para financiarlos”.

Por su parte, Alejandra Contreras, quien es asesora del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) y fue directora de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, se refirió a que las políticas de financiamiento tienen efectos en múltiples dimensiones que no son tomadas en cuenta al momento de diseñar una política, como en el caso del Credito Aval de Estado (CAE), que fue una política “diseñada para aumentar cobertura, que si se analiza con perspectiva se puede calificar como exitosa, pero ha tenido consecuencias complejas en relación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde el crédito presionó para que este sistema no funcionara adecuadamente, y ese vínculo, entre financiamiento y aseguramiento de la calidad, no operó virtuosamente; por el contrario, operó de forma deficitaria del punto de vista del sistema en su conjunto”.

El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Educación, Harald Beyer, se centró principalmente en el financiamiento a las universidades, donde“el gasto total por estudiante respecto a nuestro ingreso per cápita es relativamente bajo. El sistema de educación superior chileno no es caro, es relativamente <<barato>>, y por lo tanto, eso exigía una reflexión más profunda de cómo resolver la presión que tiene el sistema por tener universidades de mejor calidad (…)”. Además agrega que“la gratuidad es un error (…)  Reconozco que es un tema conflictivo, pero uno podría volver a un equilibrio político, donde se acepte que el 60% de los estudiantes tengan gratuidad y que el resto se financie a través de un sistema de créditos mucho mejor que el actual, mucho mejor diseñado (…) el modelo de financiamiento de la gratuidad es un modelo de costos, por lo tanto, teóricamente, no tiene sentido aumentar los costos”.

Por su parte, Carolina Guzmán, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, de la Universidad de Chile, argumentó que no es posible hacer un análisis de la educación superior sin saber lo que pasa en el resto de las universidades del mundo. Al respecto, señaló que las instituciones privadas de educación superior cobran más aranceles porque dependen menos de fondos públicos, tienen menos restricciones y pueden cobrar aranceles más altos. En cuanto a la gratuidad, señaló que este “no solamente es un tema financiero, es un tema político e ideológico” y explicó, en base a la literatura de su Fondecyt, las principales diferencias de los discursos en torno a la gratuidad, donde quienes están a favor, argumentan que la gratuidad debiese existir dado que produce retornos de bienes públicos para toda la sociedad y que se trata de un derecho social; mientras que aquellos que están en contra se apoyan en que el dinero público no alcanza y que, al tratarse de un beneficio individual, los estudiantes son quienes deben endeudarse.

Para cerrar, Daniel Hojman, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile e investigador de COES, señaló que si bien se ha avanzado mucho en la confección de una serie de políticas, criticó que se ha pensado muy poco al respecto. A su vez, señaló que “el impacto que tienen las políticas de financiamiento es sistémico. Afectan absolutamente todas las dimensiones del sistema, todo el equilibrio. Hoy no tenemos un modelo de educación superior, por lo menos no algo que podamos entender como un sistema coherente. Tenemos muchas políticas de financiamiento, y nos encontramos explícitamente en una transición con un alto grado de incertidumbre”.

En esta jornada de discusión, las y los académicos presentaron diversas posturas respecto a las implicancias al sistema de financiamiento de educación superior en nuestro país, en donde el consenso fue que hasta ahora no se han hecho políticas con análisis de impacto respecto de lo implementado.

Revisa el registro del seminario aquí:

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