COES
Escándalos, conflicto y cohesión. El caso del abuso sexual en instituciones religiosas de educación en Chile
Fecha: 2018
Estado: En curso

Investigadores

Investigador Responsable:
Co-Investigadores:
Otros Co-Investigadores: José Andrés Murillo, Fundación para la Confianza

Contexto

La relación entre conflicto y cohesión social es normal y típicamente tratada en torno a cuestiones macro como la desigualdad, las clases sociales, la legitimidad de las instituciones, entre otras. Menos presencia en ese contexto de investigación tienen fenómenos de orden micro y meso. Los escándalos (sexuales, financieros y de poder), que afectan a instituciones religiosas, económicas y políticas, son de aquellos fenómenos meso que pueden aportar muy bien al estudio de la cohesión social y el conflicto. Los escándalos, que sin duda implican conflictos de mediana y gran envergadura, muchos de ellos judicializados, -como bien ha afirmado el funcionalismo (desde el propio Durkheim)- refuerzan las normas y convenciones sociales existentes, trazando una línea demarcatoria entre las conductas públicamente aceptables y las que no. En este sentido, se trata de conflictos que refuerzan la cohesión social. Según nuestra visión, y a diferencia de lo que han planteado muchos de los críticos de la tradición funcionalistas, los escándalos no tienen un rol meramente conservador, sino que constituyen un mecanismo mediante el cual la sociedad puede cambiar. Escándalos no sólo conservan lo establecido, sino que echan a andar procesos de aprendizaje normativo; ello en un sentido similar a cómo pueden ser entendidas las querellas sobre la violación a los derechos humanos.

Para ahondar en estas intuiciones conceptuales básicas, el proyecto analizará los efectos, en términos de cohesión y conflicto, de la judicialización de los escándalos de abuso sexual en instituciones religiosas chilenas que operan en el ámbito de la educación; particularmente en torno al caso de los Maristas, que se mediatizó en agosto de 2017. A marzo de 2018, este caso se perfila como el escándalo de abuso sexual eclesiástico más grande de Chile, sumándose a una crisis de escándalos que afecta a la iglesia católica desde ya más de una década, cuyas consecuencias a nivel de legitimidad de las élites trasciende lo puramente religioso.

Entenderemos por escándalo la denuncia pública de una transgresión de una norma, que se había mantenido en secreto y que obtiene resonancia no solo porque es mediatizada, sino porque se forman “públicos” que adhieren a la acusación pública de la falta (o del crimen) en virtud del “valor” que se le atribuye socialmente a la norma. Dado que los escándalos ponen en juego un “bien” considerado y constituido en bien público o “valor” (como pueden ser los dineros públicos, la integridad física y moral de los menores, la salud, etc.) los escándalos nos parecen una arena problemática ideal para relevar cuáles son las transgresiones que generan conflicto (escándalo), que producen cohesión en torno a un “bien” o valor que se considera se debe proteger, y que potencialmente echan a andar procesos de aprendizaje normativo y cambio institucional.

Mauro Basaure y Paola Díaz han trabajado en otras problemáticas valóricas y normativas donde el conflicto entre bienes no genera cohesión sino, al contrario, división y comprensiones inconmensurables de los bienes en cuestión, como la verdad, la justicia y la memoria en lo que refiere a las violaciones de derechos humanos en la dictadura. A diferencia de ello, en el caso de los escándalos, el conflicto que conlleva la transgresión de una norma suele provocar una cierta cohesión en torno al valor de la norma transgredida. Sin embargo, hay que destacar que los

públicos que se generan a partir de la transgresión de normas, como el abuso sexual de niños (en la Iglesia, pero también en SENAME, en las familias, etc.) si bien, puede presentar un carácter cohesivo (todos se alinean a favor del valor transgredido identificado como la “sacralidad del niño”) no por ello dejan de ser heterogéneos. Esto puede rastrearse bien en el caso de estudio que propone este proyecto, conocido de cerca por el co-investigador, Juan Andrés Murillo, desde su rol en la Fundación para la Confianza. Se trata del caso Maristas. Su heterogeneidad se muestra en los múltiples posicionamientos en relación con los modos en que según diferentes actores “debería” tratarse el escándalo y el daño (denunciar la práctica de la Iglesia católica de abuso y ocultamiento; dejar que actúe la justicia y no “meterse”, echarle polvo al asunto y volver a dejarlo bajo la alfombra, etc.). Esos posicionamientos, además, son dinámicos respondiendo a diferentes momentos en el desarrollo del escándalo.

Los escándalos tienen incidencia en la confianza y legitimidad de las instituciones políticas y, por tanto, pueden también incidir en la des/legitimación de las elites políticas, económicas y religiosas. Distinguimos a lo menos dos tipos de efectos: efectos pragmáticos (remoción de personas publicas pertenecientes a dichas elites) y efectos normativos (aprendizajes normativos de las instituciones desarrollando practicas/dispositivos contra el abuso y la corrupción, dispositivos de investigación, prevención y reparación).

A partir de un caso concreto (el abuso sexual contra menores en el caso de los Maristas) y concentrándonos en el fenómeno de la judicialización de los escándalos planteamos la siguiente hipótesis: al personalizar el problema en la forma de un delito individual, la judicialización del caso tiene resultados ambivalentes. En relación con la cohesión social, la judicialización indicaría que la transgresión de la norma se esta procesando por los canales institucionales previstos. Ello posibilitaría la perpetuación y la estabilidad institucional dado que la sanción solo afecta al individuo(s) sancionado(s). Con relación al conflicto social, la personalización a la que conduce generalmente el tratamiento judicial del escándalo podría permitirle a la institución escamotear una verdadera reflexión sobre la transgresión normativa, así como de la exigencia inmediata de un cambio de prácticas. Además, desincentiva la discusión y la critica pública, encerrándolas en el ámbito jurídico e incluso censurándolas (por transformarse en discusión de expertos o, por ejemplo, por la respuesta de las instituciones acusadas mediante el recurso a querellas por calumnias). Esta hipótesis deberá ser puesta a prueba en el caso de la querella por asociación ilícita y no por abuso sexual de un personero específico, interpuesta por las víctimas del caso Maristas, pues esa demanda desindividualiza la responsabilidad, haciendo más difícil que la institución pueda procesar y reducir el escándalo.