A mediados de Julio, el investigador joven patrocinado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Andrés Irarrázaval participó en la conferencia sobre “Países en Desarrollo en la Era de las Incertidumbres: Riesgos, Resiliencia e Interdependencia” de la Universidad de Tsinghua, que tomó lugar en Beijing, China. Foro académico organizado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Área de dicha Universidad, considerada la mejor de China y líder científica de la región Asía-Pacífico.
La conferencia, que contó con más de 250 expertos de diferentes países, tuvo el objetivo de potenciar (i) el desarrollo sostenible de las regiones “periféricas” del mundo, y (ii) el diálogo entre los académicos provenientes y/o especializados en dichas regiones. Para esto, el congreso contó con 46 paneles distintos que cubrieron los principales desafíos de las regiones en desarrollo, incluyendo a África, Europa del Este, Asia y América Latina y el Caribe.
Entre estos desafíos, se encuentra la lucha contra la desigualdad. Esta se halla entre las principales prioridades a nivel mundial (ver Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2015) y, en particular, de América Latina. Región que destaca por sus niveles récord de desigualdad promedio en el Mundo, siendo Chile no la excepción – Gini de 0.47 contra 0.32 en la OCDE. Por esta razón, la Universidad de Tsinghua dedicó un panel específico al tema.
En ese panel, Irarrázaval, expuso en la sesión sobre “Políticas para Enfrentar la Desigualdad: Reformas y Desafíos de la Política Social en los Países Latinoamericanos”. En esa línea, el académico hizo hincapié en la necesidad de construir compromisos creíbles de gasto eficiente por parte del Estado que permitan, por un lado, recaudar más impuestos (especialmente por vía de ampliar la cobertura y progresividad de los impuestos a la renta de las personas), y por el otro, movilizar eficientemente (es decir, focalizar) aquellos recursos extra a quienes más lo necesiten. Lo anterior para asegurar que dicho esfuerzo impositivo disminuya eficazmente la desigualdad tanto por vía de la recaudación como del gasto.
En particular, Irarrázaval llamó a mirar la experiencia de los países desarrollados, quienes, por vía de construir controles sobre el uso de los recursos públicos (llámese mecanismos institucionales de “chequeos y contrapesos” sobre el gasto del ejecutivo), lograron convencer a sus respectivas poblaciones de pagar más impuestos. Al asegurar la eficiencia del gasto, y por consiguiente limitar la corrupción (el desvío de recursos públicos), los ciudadanos estuvieron más dispuestos a apoyar el desarrollo del Estado. Siguiendo al Académico, Estados que rinden cuentas sobre el empleo de los recursos públicos logran expandirse (recaudar más), y así, movilizar mayores recursos (vía impuestos) a afrontar la desigualdad, p. ej. por vía de mejores redes de protección social o inversión pública focalizada en educación, salud, y pensiones.
Como notó el académico, lo anterior se hace particularmente relevante en el caso Chileno. Chile experimenta, por un lado, una creciente desconfianza en el Estado (p. ej. escándalo de corrupción ligado al caso Convenios) y, por el otro, la necesidad de recaudar más recursos para hacer frente a una creciente deuda pública, mayores demandas sociales (entre ellas, bajar la desigualdad), y para converger en capacidad fiscal con la OCDE. Específicamente, como muestra Irarrázaval, estos países recaudan significativamente más impuestos directos sobre las personas que Chile (8% del PIB versus 2%), brecha existente tanto en nivel (especialmente progresividad – los ingresos altos pagan poco) y cobertura – aprox. 70-75% de los hogares Chilenos están exentos del impuesto a la renta.
Ante esto, el llamado final fue a construir mecanismos institucionales que garanticen una mayor eficiencia del gasto (chequear la corrupción), para así, potenciar la confianza en el Estado, la recaudación y su efectividad. Desarrollo (modernización) pública que será clave para afrontar los crecientes desafíos de los países latinoamericanos, entre ellos Chile. Un Estado capaz de movilizar recursos, especialmente de la mano de garantías de eficiencia pública, es aún más fundamental en una época de incertidumbres y riesgos crecientes. Hoy, más que nunca, disponer de los medios para frenar la desigualdad, la corrupción (es decir, el mal uso de nuestros escasos recursos) y el cambio climático – para el cual la inversión/impulso público también es clave – se hace imperativo para construir la resiliencia necesaria frente al cambio.
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