Por Modesto Gayo, publicada originalmente en La Tercera
Chile retrocedió 30 años. Con el acuerdo de contenidos que guiará la elaboración de una nueva Constitución, el momento del país se parece más a una transición de una dictadura a una democracia que a la voluntad de profundizar en un proceso histórico que perfeccione el régimen actual. Este hecho contribuye tanto a satisfacer a los gatopardistas, quizás finalmente la mayoría, como a desorientar a los que deseaban cambios sustanciales en términos de una derrota evidente de sus adversarios históricos.
La renovación de la política de los acuerdos, de la que el actual Presidente es tan partidario, le concede una amnistía a los 30 años mil veces criticados y acepta las bondades del marco constitucional actual, diciendo criticarlo con altavoz, pero aceptándolo entre abrazos a expresidentes de todos los registros ideológicos y favoreciendo consensos elitistas. En definitiva, la doctrina de Boric reza que cualquier acuerdo es bueno si lo mantiene asentado tranquilamente en el poder, para lo cual el siguiente principio parece ser evitar cualquier forma de ruptura, poniendo todos los medios para ello y por necesaria que esta sea. El siguiente supuesto parafrasearía el dicho castellano “a rey muerto rey puesto”, cambiándolo por “a constitución muerta, constitución puesta”. Ergo, todo vale para ganar.
Lo importante, y preocupante, es que hay aquí contenida una interpretación del 18-O, y es la de su encalle político en las duras rocas de una realidad constituida más allá de la Constitución pinochetista misma. Desde ahora, se diluye definitivamente la llamada obra de la autocracia ayudada por el jurista Jaime Guzmán y adláteres. La comisión Ortúzar adopta un rostro más tecnocrático y se arrumban los propósitos políticos a un confín irredento del pasado, una página incómoda, de la que se propone salir en la forma de una reforma controlada, sin pueblo, esta vez sin los flaites que afean los propósitos de una República limpia.
Sin embargo, cabe preguntarse si una constituyente lo es si es vigilada, estrangulada a través de “bordes” a lo que se puede hacer, y tecnificada mediante el recurso a expertos, como si en la anterior no los hubiese habido; siendo la mitad de los convencionales juristas. Los “admirables” tecnócratas del franquismo español, vinculados comúnmente al Opus Dei, fueron importados por un régimen que lo continuó en tierras lejanas del Cono Sur de América. Hicieron las políticas públicas en estados quebrados económica y psicológicamente, produjeron normas constitucionales bajo diferentes nombres, leyes fundamentales o constituciones propiamente dichas, y permanecieron en la sociedad compleja del presente bajo la égida de la necesidad funcional. Hoy se recurre a ellos nuevamente como constituyentes fácticos, correa de transmisión de poderes u órganos representativos que gozan de baja legitimidad. Estamos avisados de la presencia de demasiados puentes entre la demo y la autocracia.
De poco sirve hoy seguir lamentándose de los dislates y el histrionismo desplegados por la Convención Constitucional recién naufragada. Sin embargo, algo hay que reconocerle: nos deja un momento onírico producto de un sueño nutrido por años de resistencia vociferada y callada. En su existencia hubo y todavía hay una gran parte de verdad. Frente a ello, el nuevo proceso se inicia sin sueños, al modo de un trámite burocrático vigilado por los próceres actuales, adelantando una modalidad distinta de fracaso, quizás más parecido al Chile que todos conocemos y del que hemos renunciado salir.