En el encuentro académico y político, la académica COES planteó la necesidad de abordar los problemas desde la desigualdad social y asimetrías de poder que las originan.
La investigadora asociada de la línea Interacciones Grupales e Individuales de COES, Gloria Jiménez-Moya, fue invitada por el Departamento de evaluación de la Ley/OCDE de la Cámara de Diputadas y Diputados a participar del panel “Desafíos para la implementación de la Ley de Acoso Callejero: un debate con perspectiva de género” realizado esta semana en la Biblioteca del Congreso Nacional.
El encuentro tuvo como objetivo evaluar la aplicación de la Ley de Acoso Callejero (N°21153) actual por parte de las instituciones de la Administración del Estado y proponer espacios de mejora para futuras adecuaciones al texto legal desde la perspectiva de las diferentes disciplinas de las expertas panelistas invitadas.
“Me ha parecido una experiencia muy enriquecedora porque nos juntamos varias profesionales que trabajamos temas relacionados con género, con distintos puntos de vista, de distintas disciplinas” valoró la investigadora COES.
Para Jiménez-Moya, la revisión de una ley de estas características es una oportunidad para incluir perspectivas con enfoque de género más reciente y actualizar las normativas para alinearlas con las necesidades actuales de las mujeres. “El hecho de poder revisar las leyes que tienen que ver con estas temáticas y poder mejorarlas, puede influir positivamente en el sentido de que podemos seguir adaptando las leyes a los nuevos conocimientos y a la nueva evidencia empírica que va surgiendo, porque no el movimiento por la igualdad de género no es estático. Creo que pueden incidir en la vida política y social porque de alguna forma hacen que las leyes sean revisadas constantemente”, señaló.
En la misma línea de lo anterior, la investigadora y docente UC destacó el rol que tiene la investigación científica desarrollada desde COES para aportar en la discusión de políticas públicas y reducir las asimetrías de poder entre mujeres y hombres. “Una ley como la de Acoso Callejero tiene ese objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas. A través de la evidencia empírica que nos deja la ciencia es que podemos contribuir a mejorar las dinámicas y los procesos legales. El rol de las ciencias sociales es poder contribuir a este tipo de mejoras legales y sociales”, añadió.
Junto con valorar la importancia de hacer una revisión de este tipo de legislaciones, la investigadora de la Línea 2 de COES advirtió sobre la necesidad de pensar la manera en que este tipo de iniciativas legales actúan sobre los problemas subyacentes de desigualdad de género. “Con esta ley podemos solucionar un problema en concreto que fue importante en su momento, pero trabajar el problema de raíz y abordar sus causas, es algo que también se debe hacer. Creo que lo ideal es que en el futuro se puedan poner en diálogo este tipo de leyes con otras más generales, donde -por ejemplo- se establezca que hay que intervenir en los colegios con niños y niñas, donde se piense cómo se pueden erradicar los estereotipos de género. Las leyes son necesarias, pero hay que atacar el problema de raíz desde la desigualdad social que la origina. Esto se ataca con formación y cambiando las creencias y las actitudes que las personas tienen hacia la desigualdad de género”, concluyó.
Sobre la Ley y su aplicabilidad
La ley 21153, que fue promulgada en mayo de 2019, modifica el Código Penal para tipificar el delito a aquellos actos de significación sexual capaces de producir una situación objetivamente intimidadora, hostil o humillante en lugares públicos o de libre acceso público.
A raíz de las manifestaciones universitarias de la región de Valparaíso por el aumento de casos de acoso callejero en las cercanías de las casas de estudios, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género solicitó al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputadas y Diputados revise la implementación de la Ley. De esta manera, diversos abogados especialistas en materias de acoso sexual y representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas han sido consultados sobre la norma así como la identificación de buenas prácticas en la gestión de iniciativas para la prevención del acoso callejero por parte de las municipalidades y universidades del país.