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[OPINIÓN] Columna de Aldo Madariaga: Una nueva Constitución para una nueva economía

Por Aldo Madariaga, publicada originalmente en La Tercera

El borrador de nueva Constitución (NC) es una buena noticia para el país. Ofrece un marco contundente para responder a las demandas por mayor representación e igualdad incubadas durante décadas y manifestadas durante el estallido social de 2019. Sin ser perfecta, la NC es positiva para la economía en al menos cuatro aspectos.

Primero, provee certezas y despeja las dudas propias de un proceso de cambio en contexto de gran agitación social. El respeto por los procesos y mecanismos acordados, la discusión abierta y transparente, y la aprobación de sus artículos a través de grandes acuerdos (78% de los votos en promedio), han permitido conducir las demandas sociales institucionalmente, otorgando legitimidad y reduciendo la incertidumbre tal como han reconocido diversas instituciones financieras (Morgan Stanley, Bloomberg, etc.).

Segundo, la NC fortalece el rol del Estado en la economía, actor fundamental en todos los países que han alcanzado el desarrollo tardíamente. Para ello, entrega herramientas que permiten transitar hacia economías mixtas y con mayores grados de coordinación como las de la Unión Europea. Por ejemplo, la posibilidad de crear empresas públicas en áreas claves, una mayor centralidad en la promoción de la ciencia y la tecnología, la provisión de diversos derechos sociales, la descentralización administrativa y fiscal o el robustecimiento de las organizaciones de trabajadores. En ellas no hay grandes innovaciones, más bien se emula figuras ya existentes y probadas en países desarrollados.

Tercero, al tiempo que fortalece el rol del Estado, lo equilibra asegurando, entre otros, el respeto por la propiedad privada y la libertad de empresa, y la autonomía del Banco Central y sus actuales objetivos (modernizando su funcionamiento en línea con debates recientes en política monetaria). Además, incorpora el principio de responsabilidad fiscal de manera de poner un contrapeso a las presiones de gasto.

Cuarto, la NC innova en materia de protección ambiental, derechos de la naturaleza y recursos naturales. Más que obstáculos, estas disposiciones son una oportunidad para poner al país en la vanguardia de la necesaria transición a una economía armoniosa con el ambiente, es decir, constituyen “limitaciones beneficiosas” (Streeck 1997) que, tal como ocurrió en su momento con el salario mínimo, obligan a las empresas y al Estado a innovar para transitar hacia una nueva economía.

De aprobarse, la NC no estará libre de problemas y tanto su implementación como la adaptación a ella por parte de diversos actores resultarán un gran desafío. Particularmente importante será la definición de los mecanismos de exigibilidad de los nuevos derechos y el establecimiento de un nuevo pacto tributario para financiarlos dentro del principio de responsabilidad fiscal consagrado en ella. Asimismo, habrá que estar más vigilantes que hasta ahora de las fallas del Estado, particularmente a nivel local. Estos desafíos, sin embargo, son menores a los que implican olvidar la profunda crisis que llevó al actual proceso constitucional, o desconocerlo planteando una tercera vía que no sopesa sus costos económicos, políticos y sociales. Mantener el período de indefinición y los efectos de ello sobre las ya alicaídas legitimidades del orden público y confianza en las instituciones, puede abrir una caja de Pandora con consecuencias inesperadas.

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