Texto por Cristóbal Ortiz
En la segunda sesión del Coloquio de Conflictos Territoriales de COES 2022, Octavio Avendaño (Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado) abordó los conflictos hídricos en Chile entre el 2010 y el 2020, periodo de intensificación de sequías y otras manifestaciones del cambio climático.
Para el investigador, la importancia de analizar este decenio no radica solamente en la intensificación de la crisis climática, sino en el aumento de la conflictividad en torno al agua que se venía gestando desde los años 90. En efecto, el periodo se caracterizó por un visible accionar de movimientos ambientalistas y por la defensa del agua, pero también de grupos empresariales que reaccionaron a los cambios en el código de aguas. En este escenario, Avendaño propone analizar la conflictividad hídrica más allá de los enfoques predominantes (extractivista, territorial y ecología política), relevando el enfoque de los grupos de interés, cuya mirada permite comprender las estrategias de acción de dichos grupos en el marco de estructuras de representación política y cambios institucionales. De esta manera, los conflictos hídricos no derivan sólo de la prolongada sequía de la zona norte y centro de Chile, sino de las acciones y disputas de grupos de interés a partir de los cambios en la normativa e institucionalidad hídrica del país.
A partir de este enfoque, Octavio Avendaño y su equipo elaboran un catastro sobre aproximadamente 244 eventos y situaciones de conflicto hídrico visibles en medios de prensa nacional entre 2010 y 2020. En la revisión hallaron un crecimiento notable de los conflictos a partir del 2014, año en el que se presenta la reforma al código de aguas que planteaba, entre otras cosas, aumentar atribuciones y presupuesto de la dirección general de aguas (DGA), así como la limitación a la concesión de derechos de agua a privados y multas por no uso. Otros resultados apuntan a la concentración de conflictos en las zonas de escasez hídrica y a la mayor presencia de grupos de interés empresarial, seguido por organismos del estado y finalmente organizaciones ciudadanas. Entre las principales acciones desplegadas por estos grupos está la declaración a través de medios de prensa, donde la principal demanda se restringe a los derechos de agua y la reforma del código, en gran parte dirigida hacia el gobierno.
Finalmente, el investigador refuerza la hipótesis de que las motivaciones del conflicto hídrico sobrepasan a problemas de cambio climático, sequía y abastecimiento, pues refieren más bien a demandas para contar con una adecuada institucionalidad reguladora del agua, que varía en función del interés de cada grupo. Llama la atención respecto a la mayor presencia de organizaciones empresariales y menos las ciudadanas, no obstante, el primero tiene menor presencia en trámites legislativos. En cuanto a acción colectiva, indica que en general los grupos actúan a nivel individual, pocos logran realizar una acción confederada. Por último, reflexiona sobre el impacto de los cambios institucionales, de gran importancia en el momento constituyente de Chile, pues la reforma al código de aguas ha sido uno de los proyectos que más ha motivado la acción de grupos de interés desde los años 90 en el país.