Uno de los elementos claves del proceso constituyente, a raíz del próximo plebiscito el domingo 25 de octubre, refiere a los derechos sociales y económicos. Preguntas tales como ¿tienen que ser incluidos en la nueva Constitución? ¿Con qué nivel de detalle estos deben estar presentes en ella?, han surgido, dado que el factor económico y cómo este se plasme en una nueva carta magna impactará en el futuro de los chilenos.
Nicolás Grau, investigador de la línea Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto de COES, plantea que «hay que ampliar la gama respecto a los debates que serían propiamente económicos relacionados con el tema constitucional. Está el tema de los derechos sociales, y por otro lado también es muy importante el rol del Estado y del mercado en la Constitución, ya que está marcada por la iniciativa privada, puesto que fue escrita de esa manera», sostiene el académico.
Respecto al espacio que debe tener el factor económico en una nueva carta magna, es importante distinguir entre qué cosas tienen que quedar como tal establecidas, y cuáles deben quedar sujetas al debate. «Las cosas que quedan en la Constitución se reducen a las políticas que van a ser más estables y no van a estar sujetas a discusión permanente«, detalla el economista.
Por otro lado, Grau señala que la distribución del poder es otro tema importante a nivel de debate económico, en cuanto este no corresponde solamente a una arista de ámbito político, sino que tiene diferentes repercusiones económicas: «Por ejemplo, la forma en la que se define la política fiscal en Chile y las prerrogativas que existen al respecto, el poco espacio que hay para definir presupuesto a nivel regional, cosas de ese tipo tienen que ver con la descentralización del poder, y eso termina impactando en la forma en la que se discute economía«, añade el investigador.