Por Alfredo Joignant y Emmanuelle Barozet
Comentario primer Boletín Observatorio Legislativo UDP-COES
En base a la valiosa información recopilada y analizada por el Observatorio de Gobierno UDP-COES, es posible conocer cada uno de los avances en el Congreso de la Agenda Social post-18 de octubre de 2019 y de la Agenda COVID-19. Con estos antecedentes, hemos sacado algunas conclusiones, varias de ellas, poco optimistas.
En cuanto a los avances, primero, las estadísticas legislativas de ambas agendas ofrecen un panorama poco alentador: si bien, de los proyectos que recibieron el apoyo del Ejecutivo, cerca de un 58,3% % de ellos ya es ley, lo que incluye el subsidio de ingreso mínimo garantizado, otros proyectos que también cuentan con el respaldo del Ejecutivo aún están en trámite, como por ejemplo la creación al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. En comparación, los proyectos que no cuentan con el respaldo del Ejecutivo, pero se enfocan en las raíces de la crisis social de octubre de 2019, muestran un avance casi nulo.
En segundo lugar, los proyectos patrocinados por el Ejecutivo han tenido mayores avances, como el límite a la reelección de autoridades que, como lo señala el boletín, lleva casi tres lustros en el Congreso. Y otros proyectos urgentes como la congelación de tarifas de los servicios básicos, demoró cuatro meses de tramitación. En resumen, como se observa en los datos, a diez meses del estallido y cinco meses del inicio de la pandemia, pocas medidas de urgencia han logrado ser implementadas y menos en los plazos en que la población requiere para enfrentar la pandemia. A diferencia de otros países, hasta el momento, no existe una cobertura de emergencia para los hogares que no eran vulnerables antes de la crisis y que hoy, son muchos más. Tampoco se ha asegurado a tiempo la mantención de los servicios en pleno invierno ni ayudas específicas a las personas que no pueden conciliar el cuidado de niños/as recién nacidos y trabajo.
Desde una mirada más comprensiva, las tramitaciones detalladas en el boletín muestran dos elementos preocupantes: primero, la crisis completa de la protección social que existía en el Chile pre-estallido y que ya era precaria en tiempos de crecimiento y con empleo. Aunque se aumenten las coberturas hacia el escurridizo grupo de las “clases medias”, claramente el modelo subsidiario no responde ni remotamente a las necesidad de la población ante una situación como la actual. En segundo lugar, el Estado no es capaz de diseñar nuevos instrumentos mediante la ley en tiempos adecuados para la efectiva protección de la población. Es decir, el aparato de protección social no solo dejó de ofrecer una protección mínima y subsidiaria hacia los más vulnerables, sino que ha fracasado en su posibilidad de adaptarse a una emergencia para el resto de la población.
El problema mayor es que, en caso de precaria mayoría en el Congreso, o peor aún, cuando existe un quiebre en la coalición en el poder, la catástrofe no puede ser atendida con la velocidad, ni con la magnitud que requiere, como se destalla en las negociaciones en el Congreso, desplazando la mirada a hacia otras medidas que no son parte ni de la Agenda Social ni de la Agenda COVID-19 desde el Poder Ejecutivo, como es el retiro del 10% de las AFP. No se trata solamente de concluir que ambas agendas no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, sino que, cuando llegan a ver la luz las medidas dirigidas a los sectores que no son los “vulnerables de siempre”, es a destiempo y con una demanda hoy más explosiva de reforma del sistema de protección social.
