El jueves 28 de mayo, la directora e investigadora principal de COES, María Luisa Méndez, también investigadora del Instituto de Estudios Urbanos (IEUT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó un adelanto de los resultados del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) y del Observatorio de Conflictos, en el marco del seminario internacional “Octubre 2019: ¿La rebelión contra el orden?, organizado por el Núcleo Interdisciplinario Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral y la Universidad Austral.La presentación titulada “Desigualdades territoriales y estallido social en Chile: percepciones de conflicto y cohesión social en perspectiva temporal”, es resultado de un trabajo en conjunto entre la directora de COES, María Luisa Méndez, junto al asistente de investigación, Nincen Figueroa, y el coordinador de COES, Tomás Campos.
En esta sesión se abordaron los principales resultados del Observatorio de Conflictos de COES, cuyo objetivo es realizar análisis de prensa nacional (cinco medios nacionales y 13 regionales), a partir de la sistematización de eventos contenciosos en forma de protesta en Chile. Al día de hoy, el Observatorio cuenta con una base de datos de diez años, de 2009 a 2018, con la caracterización de 15.455 acciones contenciosas. También, se analizaron en perspectiva resultados obtenidos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), encuesta que sigue en el tiempo a tres mil chilenos y chilenas, y que trata temáticas relacionadas a interacciones sociales, participación, confianza social, conflictos intergrupales, actitudes hacia los inmigrantes, percepciones sobre la democracia, desigualdades socioespaciales, entre otros.
A modo de aclaración, el Observatorio de Conflictos, entiende por «conflicto» la conceptualización que propone el Programa para las Naciones Unidas (PNUD), como un proceso de interacción contenciosa entre actores e instituciones, con diversos grados de organización, que actúan de manera colectiva buscando la mejora o defensa de sus intereses, y que se expresan en el espacio público de manera visible». Así, “un conflicto surgiría cuando un actor, grupo o movimiento social expresa públicamente un malestar colectivo a través de demandas y medidas de presión contra alguna instancia pública o privada”.
A lo largo de la presentación, la investigadora Méndez, caracteriza las demandas según temáticas y zona geográfica, relacionando las acciones contenciosas al contexto específico que vivía el país en cada año. A modo general, sobresalen los temas laborales y educacionales -este último con su gran peak en el año 2011. Menos preponderancia tienen los motivos relacionados a pueblos originarios, si bien, es importante señalar que estos tienen dos años donde son particularmente visibles (2010 y 2018). Otros temas presentes pero de menor impacto en prensa son las demandas regionalistas -con relevancia en 2012 por el conflicto en Aysén- y de temas políticos.
Según los resultados preliminares, que considera las acciones contenciosas ocurridas entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019, se observa que a nivel nacional, durante la segunda semana analizada, aumentan considerablemente las demandas políticas, desplazando los temas económicos y laborales, y toma protagonismo el cambio constitucional. Luego, la tercera semana bajan las acciones contenciosas en general, y durante la última semana es cuando hay más tensión. En este periodo, cercano a la fecha del «Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución», vuelven a visibilizarse las acciones contenciosas referidas al cambio constitucional, al igual que a los pueblos originarios.
Según explica María Luisa Méndez, al mirar cualitativamente los datos, «durante el mes analizado post estallido, los medios no realizaron análisis más profundos de demandas establecidas -como tenemos en los datos del periodo, con mayor contenido en términos de quiénes son, cuál es la demanda, a quién se interpela-, sino que la prensa fundamentalmente se centró en cobertura de eventos”, asegura la investigadora.
Ahora, en cuanto a los resultados del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), cabe mencionar que van 4 olas realizadas, entre los años 2016 a 2020, con entrevistas realizadas cara a cara. El estudio considera la zona norte (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), zona centro-sur (Lib. Gral. B. O’Higgins y El Maule), Zona sur (La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén). Y en cuanto a regiones metropolitanas, considera al Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción.
Destacando el contenido respecto al estallido social y al cambio constitucional, Méndez refiere a datos entre el 2016 y el 2018 -antes del 18 de octubre-, para luego analizar, diferenciadamente, los datos preliminares después del 18 de octubre, donde el estudio consideró nuevas preguntas a medir. Entre otras cosas, preguntó por el nivel de daños en el barrio -es decir, por la destrucción de infraestructura pública, incendios, barricadas, saqueos, otros. También sobre la justificación de daños, en cuanto a si se justifica que las personas que promuevan ideas vinculadas al conflicto o al cambio ejerzan acciones que dañen bienes o propiedades en el barrio.