Por Pablo Pérez Ahumada
Publicado en Ciper
La crisis del Covid-19 ha dejado en evidencia las precarias condiciones de trabajadores y trabajadoras y la falta de reconocimiento de las organizaciones sindicales cuando se trata de discutir la política laboral, plantea el autor de esta columna. Constata, sin embargo, que los niveles actuales de filiación sindical son los más altos de la historia reciente.
Contrario a quienes por décadas sostuvieron la idea del “fin de los sindicatos”, los primeros años del siglo XXI han sido testigos de una revitalización sindical importante (Chun, 2009; Frege y Kelly, 2004). En países como Argentina y Uruguay, esta revitalización fue observada en el renacimiento de movimientos sindicales capaces de superar su condición de fragmentación y de transformarse en actores clave en la formulación de políticas redistributivas empujadas por gobiernos de centroizquierda (Etchemendy 2019). En otras partes del mundo, la revitalización sindical ha podido observarse en el uso de estrategias y formas de organización que, a diferencia del sindicalismo clásico del siglo XX, han superado las demandas ancladas puramente a la negociación colectiva (Chun 2009; Frege y Kelly 2004; Rhomberg y Lopez 2020). Ejemplo de ello es la construcción de alianzas entre sindicatos y otros movimientos sociales, así como el desarrollo de campañas como la de “Fightfor$15” (“Lucha por los $15”) en Estados Unidos, gracias a la cual se ha logrado aumentar el salario mínimo en diversos estados de dicho país.
En Chile, desde mediados de la década pasada, se empezó a ver un incremento sustancial de la actividad sindical. Luego de más de una década de desmovilización, los años 2006 y 2007 estuvieron marcados por huelgas lideradas por trabajadores/as subcontratistas del sector primario. Años más tarde, entre 2011 y 2018, fue posible observar fenómenos similares en las exitosas huelgas y movilizaciones llevadas a cabo en los sectores portuarios y de la educación e incluso en sectores con poca experiencia organizativa como el retail (Bank Muñoz 2017; OHL 2016; Santibáñez y Gaudichaud 2017).
Tanto en Chile como en el resto del mundo, estos ejemplos de revitalización no han significado, necesariamente, que los sindicatos hayan podido recuperar todo el poder de movilización del que gozaron a mediados del siglo XX. La Figura 1 indica que los niveles de afiliación a sindicatos y de cobertura de la negociación colectiva siguen siendo bajos en muchos países, incluido Chile (enmarcado en rojo). En nuestro país, el 17,1% de los y las trabajadoras está afiliado a un sindicato (año 2019), mientras menos del 20% está cubierto por alguna modalidad de instrumento colectivo (otras estadísticas sugieren que este último porcentaje puede ser incluso menor al 10%).
El caso de Chile, sin embargo, es interesante de analizar. Tal como se ve en la Figura2, después de una fuerte caída en los ‘90, las tasas de afiliación sindical han aumentado consistentemente desde mediados de los 2000.En 2019, el 17,1% de afiliación antes mencionado fue equivalente a 1.193.104 trabajadores y trabajadoras afiliadas. De seguir esta tendencia, es posible que en un par de años se sobrepase el máximo nivel de afiliación sindical desde el retorno a la democracia (18,2%), observado en 1991.
Estas tendencias parecen tener un correlato interesante en términos del nivel de confianza que se tiene en los sindicatos. Los gráficos de la Figura 3 muestran la probabilidad de confiar en sindicatos en nueve países de América Latina[1]. Analizando a Chile en perspectiva comparada, al menos dos aspectos merecen ser destacados:
- Chile es un país con altos niveles de confianza en sindicatos.
En 2015 la probabilidad de que un/a chileno/a confiara en los sindicatos fue casi 60%, mientras que, en el segundo país con más alto nivel, Brasil, dicha probabilidad fue de 40%. Diversos factores podrían explicar estas diferencias. Uno de ellos tiene que ver con la estructura de los movimientos sindicales y la posición que ellos ocupan en cada país. A diferencia de Argentina o México, el modelo de relaciones laborales de Chile hace que los sindicatos sean débiles económica y organizacionalmente. Ello se traduce, probablemente, en que los sindicatos no sean vistos como organizaciones burocratizadas o alejadas de los/as trabajadores/as de base, tal como ocurre con parte del sindicalismo de esos países—particularmente con sus segmentos más tradicionales, fuertemente anclados a modelos corporativistas de estado (Bensusán 2016; Murillo 2013).
- En Chile, la confianza en los sindicatos se ha revitalizado.
En nuestro país, la confianza en los sindicatos ha aumentado fuertemente a través de los años y, especialmente, en contextos de movilización social, como ocurrió luego de2011. A su vez, se ha hecho evidente el contraste de legitimidad que hay entre actores políticos e institucionales como el empresariado, gobierno y parlamento y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Según cifras publicadas en reportes recientes, en contraposición a lo observado con los sindicatos, el nivel de confianza en los actores como el empresariado ha disminuido significativamente entre 2005 y 2015[2].
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SINDICATOS Y CRISIS
Naturalmente, el aumento de la actividad huelguística, las crecientes tasas de afiliación sindical y el incremento de la confianza en los sindicatos son sólo una parte de la historia. Cualquier proceso de revitalización sindical significativo en Chile se encuentra limitado por un modelo de relaciones laborales basado en los principios del Plan Laboral de 1979. Como ha sido demostrado en innumerables ocasiones, esta legislación restringe el derecho a huelga, así como la negociación colectiva a nivel centralizada o sectorial (Feres 2009; Narbona 2014).
Lamentablemente, eso no cambió con la última reforma llevada a cabo entre 2015 y 2016 (Pérez, 2020). Ello se traduce en que no existen instancias formales para que los sindicatos tengan una voz de peso sobre la regulación de salarios y condiciones de trabajo, así como para que incidan realmente, en momentos de crisis como el actual, en los cambios a la legislación laboral. La experiencia internacional demuestra que cuando este tipo de instancias existen, quienes pueden resultar favorecidos no son sólo los afiliados a los sindicatos, sino que también los sectores más marginados del mercado laboral (por ejemplo, quienes trabajan en ocupaciones precarias e informales) (Rathgeb 2018). En contextos de crisis como éste, ello parece no sólo deseable, sino que también urgente.
En efecto, a pesar de que los sindicatos han ido recuperando su terreno perdido en términos de confianza y nivel de afiliación, la reciente crisis resultante del Covid-19 ha puesto en evidencia dos cuestiones. Primero, las precarias condiciones laborales a las que están expuestos trabajadores y, especialmente, trabajadoras (quienes son las que comúnmente se desempeñan en ocupaciones informales o menos protegidas). Segundo, el bajo poder de negociación que tienen las organizaciones sindicales, así como el poco interés del gobierno en integrarlos a la mesa de discusión.
Los sindicatos han sido marginados del debate público. Ejemplo de ello son políticas laborales como la que terminó en la promulgación de la Ley de Protección al Empleo. Sin embargo, ellas también sugieren que cuando se legisla escuchando a una sola parte (al empresariado), es altamente probable que surjan políticas que no solo son ilegítimas para la ciudadanía, sino que también altamente dañinas para los y las trabajadoras.
¿Qué han hecho los sindicatos en ese contexto? A pesar de su desfavorable posición, han pujado por poner en el centro el derecho al trabajo digno tanto a nivel de gobierno como empresas. Por un lado, organizaciones de trabajadoras de casa particular (FESINTRACAP) han denunciado que las propuestas de gobierno ni siquiera consideran la realidad de muchos trabajadores “atípicos”, como el caso de las empleadas domésticas. Por otro, sindicatos como el de Starbucks, la Unión Portuaria de Chile y otros se han articulado para evitar que las grandes empresas suspendan la relación laboral de manera unilateral.Estas acciones demuestran que los sindicatos son indispensables para el desarrollo de un debate que ponga en el centro la discusión sobre quiénes deben pagar los costos de la crisis y cómo se puede resguardar la estabilidad económica sin que ello afecte la calidad de vida de millones de trabajadores y trabajadoras del país. Sin la participación de los sindicatos, no hay ni habrá solución que ayude efectivamente a los y las trabajadoras a enfrentar estos difíciles momentos.