Por Javier Couso, Arturo Fernandois, Constanza Hube, Miriam Henríquez y Elisa Walker
Publicada en El Mercurio
En las últimas semanas, algunos parlamentarios han presentado proyectos de ley que —más allá de lo bien inspirados que puedan estar— transgreden reglas constitucionales claras aplicables al procedimiento legislativo. Inquirido al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados saliente reconoció que dichos proyectos “pueden ser inconstitucionales por una cuestión de forma, porque es una iniciativa exclusiva del Presidente”, pero “son necesarios para Chile”.
Más allá de quién presida dicha Cámara, nos parece crucial que las autoridades consideren que el respetar aquellos aspectos de la Constitución que consideran “formales” es consustancial a un Estado democrático y constitucional de Derecho. Esto porque, en el mundo del Derecho, la forma es consustancial al fondo. En efecto, de no respetarse por parte de quienes ejercen poderes públicos la constitucionalidad vigente (hasta que esta no sea sustituida formalmente por otra, que es lo que algunos de quienes suscribimos esta carta propiciamos), se mina un factor civilizatorio que juega un rol crítico en el mundo contemporáneo. De otra forma, cuando las autoridades transgreden formas que les parecen intrascendentes, implícitamente invitan al conjunto de la sociedad a hacer lo mismo, en una espiral descendiente cuyo impacto puede ser devastador.
Por otro lado, estamos conscientes de que el Congreso no es el único poder del Estado que ha estado y estará sometido a presiones por la urgencia política y sanitaria. Jueces, funcionarios de la Administración del Estado y alcaldes también lo están. En este cuadro, la urgente búsqueda del bien común en la actual catástrofe no puede ser carta blanca para abandonar las reglas de competencia de potestades públicas, que precisamente están previstas para estos momentos.