Texto por Karin Viveros.
El 7 de abril se realizó la primera sesión del ciclo de Coloquios de Conflictos Territoriales 2020, organizada por el COES, ocasión en la cual Felipe Irarrázaval expuso su investigación acerca de las geografías de la renta de recursos naturales y la relación entre el Estado y la política subnacional, en el contexto de la extracción de hidrocarburos en Perú y Bolivia. El expositor buscó responder qué es lo que movilizan este tipo de conflictos socio territoriales, qué elementos existen en el surgimiento de un conflicto en torno a la renta extractiva y cómo estos conflictos pueden producir cambios institucionales.
Con base en la teoría de la regulación, fundamentalmente anglosajona, que pone énfasis en los procesos espaciales, Irarrázaval identifica que la producción de desarrollo desigual, dentro de las unidades subnacionales, resulta crucial para comprender los conflictos socio-territoriales y cómo el Estado central internaliza esos conflictos, produciendo nuevas geografías de distribución de rentas.
Según señala, las formas de distribución de las rentas en las escalas subnacionales pueden generar un desarrollo geográfico desigual, entendido como la acumulación notoria de rentas en un territorio a expensas de otro. La articulación de movimientos socio-territoriales que den cuenta de este desarrollo geográfico desigual puede amenazar la coherencia estructural regional, lo que implica poner en riesgo los espacios estables de circulación de capital y/o la cohesión socio territorial del Estado nación. Ante esto, el Estado central puede establecer una reconfiguración de la renta de los recursos naturales.
En los casos de estudio vistos se pone en evidencia que, con el auge del gas natural, distritos y departamentos productores capturaron miles de millones de dólares, un aumento abrupto de sus presupuestos locales que se dirigió fundamentalmente a inversión en infraestructura. Tal fue el caso del distrito de Echarate en Perú y del departamento de Tarija en Bolivia. Sin embargo, la movilización de las rentas del gas generó un paisaje de desarrollo desigual, reactivando movimientos socio-territoriales que demandaban autonomía. En Perú, el conflicto resultó con la creación del nuevo distrito Megantoni, dado que la población de Camisea, lugar donde se extraía el gas, escasamente veía los recursos de las rentas de Echarate. En Bolivia, ocurrió algo similar con el Chaco, resultando la creación de la región autónoma del Chaco, una provincia que ahora recibe recursos directos de las rentas, pero aún dentro del departamento de Tarija.
Como se observa, se genera una acción colectiva en perspectiva antagónica, al disputar recursos de las rentas, sin embargo, estos conflictos pueden amenazar la coherencia territorial (Perú) o no (Bolivia), lo que resulta clave para entender estos resultados institucionales.
El investigador planteó su análisis como una crítica a la literatura sobre la maldición de los recursos naturales, teoría que asegura que los países ricos en recursos naturales son países con un bajo desarrollo económico. A diferencia de esa perspectiva, no se puede tomar esta teoría como una condición inevitable a nivel local, dado que son escalas donde se dan escenarios muy variables, los casos estudiados revelan que los recursos rentistas si movilizan procesos de desarrollo. La investigación da pie a traspasar la discusión sobre la idea de la maldición de los recursos naturales, ir más allá y profundizar en los efectos y las dinámicas que hay detrás de los conflictos socio-territoriales en torno a la industria extractiva.
Finalmente, el hecho de que en Perú y Bolivia se entrega una gran cantidad de los impuestos y regalías de la producción extractiva, además de autonomía, a los distritos y departamentos, como un mecanismo para consolidar la presencia del Estado, los transforma en casos de interés para contrastar con lo que ocurre en Chile, dada su política centralista, su economía extractiva, con diversas industrias que explotan recursos naturales a lo largo del país, y por tratarse de uno de los dos únicos países que no distribuyen rentas o regalías a las regiones productoras en todo América Latina, además de Trinidad y Tobago. Es de suponer que no ha existido entonces, un movimiento socio-territorial en Chile que haya amenazado la coherencia estructural de alguna región, en términos de la distribución de renta, ya que no ha habido cambios institucionales en este aspecto. Sin embargo, en muchas regiones del país es perceptible el descontento de las comunidades con el estado central, que ha acaparado los recursos que extraen desde sus territorios y no ven rastro de las rentas que dejan esas grandes empresas; es un tema que buscará investigar próximamente Felipe Irarrázaval.