¿Cómo se politizan los conflictos territoriales, y en qué se diferencian de los movimientos sociales? ¿De qué manera los conflictos que se producen en comunidades rurales logran escalar a una política pública nacional? A partir de un estudio comparado entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador, el investigador de COES y académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, Gonzalo Delamaza, ofrece una conceptualización teórica para estudiar las consecuencias de los conflictos territoriales. El investigador distingue entre el “efecto acumulativo” (que influencia decisiones políticas) y en el “efecto combinado” (oportunidades políticas). Los resultados de esta investigación se encuentran en el capítulo “Political consequences of socio-territorial conflicts. Conceptualizing changing paths of citizenship and democratic governance in the Andean Region of Latin America”. Este trabajo forma parte del libro “Changing societies: legacies and challenges. Citizenship in crisis”, editado por Marina Costa Lobo, Filipe Carreira da Silva, José Pedro Zúquete y publicado por la Universidad de Lisboa.
Al comparar los conflictos territoriales entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador, el investigador concluye que sus consecuencias políticas dependen, principalmente, de dos elementos. Primero, de la articulación y características de los actores del sistema político. Segundo, de la estructura detrás de la organización territorial de cada país, es decir, de diferencias en los niveles de descentralización. Se sugiere que cuanto mayor es la desarticulación del sistema político y cuanto más descentralizado es el país, más favorable es el entorno para que se generen cambios en los territorios.
La propuesta metodológica del estudio analiza la importancia económica de la industria extractiva de cada país, su evolución y el número y tipo de conflictos socio-territoriales. A nivel local, plantea que la selección de conflictos tiene que considerar la interacción entre territorios, analizando las variables político-institucionales de cada país. La propuesta sugiere, además una mirada multidimensional. De acuerdo con ello, recomienda analizar la variabilidad de los conflictos como conjunto, partiendo por el sector económico, o bien, el sector que tenga la mayor concentración de casos. Propone que los efectos políticos de los conflictos no se midan bajo la lógica de “éxito versus fracaso”, o “fortalezas y debilidades”, puesto que ello supone el punto de vista de un actor y no la consecuencia de un conflicto, que supone actores con orientaciones diversas. Y en el examen de las consecuencias políticas, no es posible atribuirles una causalidad única, ni tampoco es posible determinar que todo tenga su origen en el conflicto. Resulta necesario determinar el rol que tienen los distintos conflictos situados en el mismo territorio o sector y la relación de estos conflictos con aspectos del contexto externo (cambio tecnológico, cambios de mercado, oportunidades políticas). Desde ahí entonces se pueden ver con mayor claridad las repercusiones del conflicto en decisiones políticas. Esto permite hablar de un “efecto acumulativo”, y un “efecto combinado”.
El “efecto acumulativo”, según explica Delamaza, es cuando un conflicto local se convierte en un problema político, producto de una acumulación territorial o sectorial de conflictos. “Cuando un conflicto está ligado sectorial o territorialmente con otros, aumenta su potencial de impacto político”. Mientras que, en el “efecto combinado” los resultados se deben a una combinación con otros factores que responden a otras dimensiones, como el contexto. Por ejemplo, los cambios a partir del abaratamiento de la energía renovable. “El hecho de que en Chile se haya desarrollado una política de energía renovable tan dinámica, como la que se hizo en el gobierno anterior, se explica en parte porque había un conflicto, pero también porque eso se combinó con la posibilidad técnica de poder hacerlo”, señala.
Ahora bien, para observar resultados políticos con efectos acumulativos y combinados, Delamaza, plantea un diseño metodológico para clasificar los conflictos que puede ser desde “dentro del territorio” o bien, desde “fuera del territorio”. En el primer caso, plantea a modo de ejemplo, un análisis en función de los nuevos actores que surgieron a partir de conflictos y su representación política, la coordinación de la sociedad civil, la presencia o no presencia indígena, y la existencia de organismos públicos locales, entre otros elementos. En el segundo caso, el análisis desde “fuera del territorio”, apunta a analizar la política representativa, es decir, a la sociedad civil organizada, los partidos y movimientos políticos que surgen de los conflictos territoriales, la creación de instituciones como nuevos ministerios o servicios nacionales.
Esta investigación debate con la perspectiva de los movimientos sociales, puesto que los conflictos pueden o no desarrollarse como movimientos, pero también pueden ser —y son mayoritariamente— coaliciones de geometría variable (compuestas por actores que cambian), conformación asimétrica (actores con distinto poder) y evolución diferenciada (no necesariamente se estabilizan en el tiempo). En términos conceptuales los conflictos socio territoriales se ubican entre la “protesta” (efímera, puntual) y los “movimientos sociales” (estructurados, con identidad y propuesta). Contribuye de este modo a enriquecer las teorías de la acción colectiva desde el punto de vista de sus consecuencias, un ámbito menos estudiado que el origen y la dinámica de la misma
Previo a este artículo, Delamaza estuvo a cargo del Fondecyt Nº1151215: “Lo que los conflictos producen. Configuración y dinámica de la conflictividad socio-territorial y sus consecuencias sobre las políticas públicas y los territorios”, con Antoine Maillet (COES / INAP, UChile) de co-investigador. Gracias a este proyecto, el investigador ha estudiado la relación entre sociedad y Estado a través de la política, y en concreto, analizando la participación ciudadana, las innovaciones democráticas en las relaciones con las autoridades, y la politización del conflicto local y territorial. “Pensamos que se han modificado las pautas mediante las cuales los asuntos se convierten en asuntos públicos y se politizan. Y ¿en qué han cambiado? En que participan nuevos actores, en nuevos lugares, a través de nuevas formas de mediación. No es que todo sea nuevo, pero hay una variación, hay una diferencia respecto de lo que era histórico, que eran los conflictos urbanos articulados por grandes movimientos sociales y vinculados de alguna manera al sistema político”, explica el profesor Delamaza.
Delamaza, G. (2018). Political consequences of socio-territorial conflicts. Conceptualizing changing paths of citizenship and democratic governance in the Andean Region of Latin America. En Costa Lobo, M., Carreira da Silva, F. & Zúquete, J. (Eds.) Chaning Societies: Legacies and Challenges. Citizenship in crisis. Vol II. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais
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