Esta investigación concluye que no hay diferencias sustanciales en las percepciones de control sobre el proceso de trabajo entre quienes se emplean en el sector de servicios y en el sector manufacturero, desmitificando la relación que algunos académicos sugieren entre el trabajo de servicio y el trabajo de fábrica como una forma de diferenciar entre “clases medias” y “clases trabajadoras”, respectivamente. En vez de entender diferencias entre sectores económicos como diferencias de clase, proponen analizar dichas percepciones a partir del esquema de clases propuesto por Erik Olin Wright, basado en los conceptos de explotación y dominación dentro de las relaciones de producción. El artículo titulado “The Service Industry, Private-sector Employment and Social Class in Chile: New Developments from Labour Process Theory”, fue publicado este año en la revista Critical Sociology, a cargo de Pablo Pérez Ahumada, investigador COES y académico de la Universidad Alberto Hurtado, y Lucas Cifuentes, académico de la Universidad de Valparaíso.
Bajo la premisa que en toda sociedad capitalista el conflicto de clases existe, los investigadores combinan la teoría de clase neomarxista con la teoría de proceso laboral con el objetivo de estudiar la percepción que tienen las y los trabajadores asalariados sobre el control de su trabajo, a saber: la capacidad que poseen para decidir si se toman un descanso, influir en sus tareas, elegir o cambiar el orden de éstas y/o la forma en que las llevan a cabo. Usando los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo y Salud (ENETS) del Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral, realizada entre 2009 y 2010, los autores analizaron una submuestra de 5.500 casos que incluía solo a la población asalariada urbana. Los trabajadores y trabajadoras fueron categorizados según la industria (manufactura, construcción, comercio, transporte, etc.), sector (público o privado) y clase social (posición en las relaciones de producción). Además, complementaron dicho análisis con 134 entrevistas cualitativas.
Para identificar la clase social de las personas trabajadoras se basan en la conceptualización metodológica propuesta y desarrollada por el sociólogo estadounidense Erik Olin Wright, quien sugiere que la posición de los individuos en las relaciones de producción y explotación está determinada por el control desigual que éstos poseen de tres activos productivos: los medios de producción (propietarios vs. no propietarios), sus habilidades (expertos vs. no expertos) y su autoridad (supervisores y gerentes vs. trabajadores sin jefatura). Según esta definición y operacionalización es posible identificar entre la clase trabajadora, la clase media y la clase empresarial. Se trata de clases sociales que, en resumidas cuentas, representan la generación de intereses antagónicos entre quienes poseen y quienes no poseen activos productivos.
A partir de las distinciones elaboradas por Wright, se entiende que quienes componen la clase trabajadora contemporánea son tanto los trabajadores de servicios, como los trabajadores de fábrica. En la práctica, se trata de personas que se emplean en trabajos poco calificados y desempeñan roles no gerenciales dentro de las relaciones de producción. Ambos comparten una condición central: son igualmente explotados por los gerentes y por los propietarios de los medios de producción.
La clase media, por su parte, representa una condición ambivalente. Aunque se caracterizan por tener cargos intermedios de autoridad (se emplean como gerentes o supervisores), y/o poseen una mayor cualificación o experticia —es decir, sus miembros se desempeñan en cargos técnicos o profesionales—, también son explotados en la medida en que venden su fuerza de trabajo. Sobre esto último, Pérez señala que las trabajadoras y los trabajadores que comprenden lo que se entiende como la clase media cumplen roles contradictorios en las relaciones de explotación “(…) por un lado, son explotadas porque son asalariadas; sin embargo, por otro lado, participan de manera activa del proceso de explotación en tanto controlan la fuerza de trabajo de otros”. Al final, “(…) es contradictoria su posición en relación a los intereses que defienden”.
La estructura de clases sociales propuesta en este estudio no ha sido utilizada con frecuencia entre quienes se han interesado por el análisis del proceso de trabajo. Por lo tanto, se trata de una aproximación novedosa que permite entender cómo opera la producción misma, por ejemplo, cómo la inserción de la tecnología o el cambio estructural de la economía produce variaciones en el control y la supervisión del trabajo. Al respecto, Pérez explica que el enfoque utilizado en la investigación “asume el supuesto básico de que en las relaciones de producción hay explotación”. La explotación en las relaciones de producción “generan intereses antagónicos entre empresarios y trabajadores”. Por ejemplo, habitualmente los empresarios buscan “motivar” al mismo tiempo que controlar a los trabajadores. Dichas estrategias muchas veces incluyen incentivos individuales o colectivos con la pretensión de aumentar la productividad”.
En Chile existe problema central en las relaciones laborales. Según explica Pérez, las estrategias empresariales para resolver o canalizar el conflicto se basan en el incentivo de la negociación individual entre empleador y trabajador y, cuando existe el sindicato, la fragmentación de la organización sindical. Esto se ha producido específicamente porque la legislación ha permitido la competencia de distintos sindicatos dentro de una misma empresa. Además, por años las leyes permitieron que los empresarios formen grupos negociadores para competir con los sindicatos dentro de las empresas. Por último, esto también ocurre porque, en la práctica, las leyes no permiten que se desarrollen modelos de negociación colectiva sectorial o nacional. Así, al estar restringida al nivel de la empresa, la negociación colectiva tiende a ocurrir en circunstancias de extrema desigualdad de poder entre las partes que negocian: por un lado, un empresariado fuerte y organizado y, por otro, un sindicato débil que frecuentemente tiene que competir con otros sindicatos o grupos negociadores para obtener la representación de los trabajadores de una empresa.
Este tipo de prácticas afecta de sobremanera la forma mediante la cual se entiende y gestiona el conflicto y las posibilidades de plantear demandas colectivas más grandes. Ello explica, en parte, por qué los conflictos laborales no son de gran escala, a pesar de que en Chile los niveles de actividad huelguística (de disrupción del proceso de trabajo, sea ella regulada o no por el Código del Trabajo) es alta en comparación con países de la OECD. Sobre este punto, Pérez señala que “el conflicto, a veces, no se traduce en procesos de movilización a gran escala, salvo excepciones, pero no porque no exista conflicto, sino porque no existen las herramientas para que los sindicatos manifiesten ese conflicto públicamente, más allá de pequeñas acciones disruptivas (…) Los pocos espacios que existen para promover el diálogo son espacios donde se tiene a los empresarios altamente organizados y articulados y un sindicalismo altamente fragmentado y debilitado”.
La relevancia del estudio bajo el enfoque de estructura de clases radica en la posibilidad de entender de mejor forma los mecanismos de estratificación social detrás de la desigualdad y su dinamismo. En efecto, para el investigador COES, la transformación de la estructura de clases en Chile, América Latina o en cualquier otro lugar del sur global no debe concebirse como el simple efecto de la expansión de las industrias o sectores económicos, sino más bien como el resultado de cambios estructurales en el proceso laboral, que alteraron la dinámica de la desigualdad de clase, la explotación y el control del trabajo dentro de las relaciones de producción. Al respecto, el estudio enfatiza en que “el modelo de desarrollo del país sigue dependiendo de la exportación de productos básicos, de una mano de obra poco calificada (y de un sistema educativo costoso y altamente privatizado), así como de leyes laborales favorables a las empresas que impiden el surgimiento de un movimiento laboral fuerte, capaz de impulsar la desmercantilización de los derechos sociales”.
La evidencia presentada en la investigación indica que no hay diferencias significativas entre los niveles de control percibidos por trabajadores del sector de servicios (como comercio, almacenamiento, finanzas) y del sector manufacturero. Sin embargo, cuando se utilizan las categorías de clase defendidas por Wright, se encuentran diferencias relevantes en el análisis. De hecho, aquellas y aquellos que ocupan puestos de trabajo privilegiados en las relaciones de explotación (gerentes, supervisores y expertos) perciben niveles significativamente más altos de control del trabajo que los trabajadores en puestos de clase trabajadora no calificados y no gerenciales. De acuerdo con ello, la clase social entendida desde una mirada marxista —es decir, definiendo la ubicación que ocupan los individuos en las relaciones de explotación—, es útil para analizar las diferencias que existen en las percepciones de las personas sobre el control del trabajo.
En función de estos hallazgos, los autores estiman que no es útil la distinción que realizan algunos académicos entre el trabajo de servicio y el trabajo de fábrica como una medida de aproximación entre “clases medias” y “clases trabajadoras”. Según Pérez, existe una parte importante de la fuerza de trabajo en el sector de servicios que está ubicada objetivamente en una posición de clase trabajadora, siguiendo las definiciones de Wright. Asimismo, estar empleado en el sector de servicios “no necesariamente genera las condiciones ni los niveles de vida de alguien de clase media”.
Actualmente, resulta sumamente importante dilucidar cómo estas formas de estratificación han derivado en el malestar y la movilización ciudadana del Chile actual. Para el sociólgo, el conflicto de clases expresado en el movimiento social actual puede tener varias interpretaciones, dentro de las cuales destaca tres. Primero, la más evidente, refiere a las demandas desde la clase trabajadora y de algunos sectores de la clase media, en contra de quienes administran el modelo neoliberal y de quienes se han enriquecido a costa de este modelo económico; por ejemplo, las empresas propietarias de las AFP o las empresas que lucran a costa de la venta de servicios sociales. Segundo, en esa misma línea, también están los sectores sindicalistas, quienes a partir del bloque sindical de Unidad Social han convocado a varias huelgas generales. Según Pérez, los sindicalistas, de hecho, “son los sectores de avanzada del movimiento social. Tienen más claro que la única manera de presionar a través de la acción de masas es paralizando la producción”. Por último, la tercera expresión se manifiesta desde los sectores empresariales y los representantes del empresariado, es decir, quienes están más bien a la derecha del espectro político, e intentan resguardar la herencia neoliberal de la dictadura, evitando que se produzcan cambios al régimen neoliberal.
Pérez, P., & Cifuentes, L. (2019). The Service Industry, Private-sector Employment and Social Class in Chile: New Developments from Labour Process Theory. Critical Sociology.
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