Publicado en El Mercurio
Caminar hacia una mejor calidad de vida en la vejez ha estado desde hace años en el centro de la discusión; sin embargo, el estallido social en Chile impulsó importantes avances en esa línea. Un gradual aumento en la pensión básica solidaria, subsidio a transportes para la tercera edad, rebaja de contribuciones y acceso a medicamentos a un valor más económico son las medidas que el Gobierno ha anunciado para este grupo etario. Algunas convocan al consenso, mientras que en otras hay visiones divididas.
Como solidaridad intergeneracional describen los expertos uno de los motores del movimiento social del que Chile ha sido testigo hace ya más de un mes. En general, la manifestación se traduce en demandas que buscan mejorar la calidad de vida, la que se ve pobremente evidenciada en parte importante de la generación mayor actual. “Es interesante ver que no vivimos en una sociedad tan individualista como pensábamos. Parte de las necesidades que se reclaman tienen que ver con el prójimo, muchos dicen que están peleando por sus familiares de la tercera edad”, señala Macarena Rojas, directora del Programa Adulto Mayor UC y miembro del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la UC.
Pues bien, el estallido social impulsó importantes avances en esa línea. Un gradual aumento en la Pensión Básica Solidaria, subsidio a transportes para la tercera edad, rebaja de contribuciones y acceso a medicamentos a un valor más económico fueron algunas de las medidas que el Gobierno ha anunciado en las últimas semanas. Acciones que seis expertos en envejecimiento y el director del Senama evalúan y delimitan su impacto.
Pros y contras de subir pensión
La actual Pensión Básica Solidaria es de $110.201, y con la medida informada este jueves —que contempla un alza de 50% a 2022 para todos los mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad— ese monto superará los $165 mil. Un anuncio que no ha estado exento de polémicas.
Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, comenta que hace años se veía que mejorar las pensiones era una prioridad y una necesidad. Sin embargo, la economista opina que esto debe hacerse de tal forma que se puedan asegurar que son beneficios financiables, reconociendo que se está en una situación de déficit fiscal: “Me parece muy preocupante lo que está ocurriendo en materia de pensiones. No solo porque un aumento tan significativo no se justifica desde el punto de vista de focalización, sino porque no contamos con los recursos”. Asimismo, dice que hacerlo gradual solo posterga la necesidad de recursos, y que si el país no vuelve a crecer a tasas al menos de entre 3% y 4%, tampoco habrá recursos más adelante, considerando, además, que la población adulta mayor está creciendo a tasas superiores al 5%.
“Se suma también otro problema, ya que genera la percepción errada en la población de que se podía subir más, y solo era un problema de falta de voluntad política. Eso no es así, y lo que ha cambiado es que el Poder Legislativo se olvidó de la responsabilidad fiscal”, afirma Cifuentes.
Por otro lado, Ignacio Madero, académico UC y colaborador del Núcleo Milenio MLIV y Centro COES, advierte que aunque la medida ha demostrado “un consenso político impensando hasta hace cinco semanas”, y devela un esfuerzo fiscal “enorme”, plantea que es probable que esto no incida mucho en la realidad de las personas mayores y en la decisión de estas de buscar trabajo por necesidad. “Por lo mismo, creo que hay que aprovechar este escenario de voluntades políticas para mejorar el escenario de empleabilidad para la tercera edad, como flexibilidad horaria, condiciones adecuadas de salud ocupacional al interior del trabajo, transporte amigable para llegar, condiciones de acceso adecuadas y medidas antidiscriminación al interior de las empresas”, precisa.
No solo transporte económico, también diseño y acceso
Sin diferenciación socioeconómica se destrabó una medida que, desde hace años, se barajaba en el país: rebajar en 50% la tarifa normal de transporte público (que, además de los comunes, incluye subsidios para medios marítimos, fluviales, lacustres, aéreos e intercomunales dentro de una misma provincia) para los mayores de 65 años pensionados.
Octavio Vergara, director nacional del Servicio del Adulto Mayor, Senama, explica que en enero se informará un calendario de implementación a nivel nacional, que deberá estar listo antes del 30 de junio de 2020. “Junto con los ministerios de Transportes y de Desarrollo Social, estamos trabajando en hacer toda la bajada práctica para determinar el instrumento para validar el descuento, e iniciarlo en el segundo semestre del próximo año”, precisa.
Y añade que están analizando la forma de aplicar el beneficio en regiones. “En la Metropolitana el descuento se puede aplicar con la bip, no así en regiones. Por eso se está buscando una logística útil para esos territorios donde no opera ese sistema”, precisa.
Daniela Thumala, académica de Psicología de la U. de Chile e investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de esa misma institución, opina que en un país cuya población envejece aceleradamente, donde se manifiesta la insatisfacción frente a los apoyos al adulto mayor y a quienes deben estar a cargo de ellos, “facilitar el acceso a prestaciones como el transporte favorece la integración social de los mayores, contribuyendo mucho a su calidad de vida y bienestar y, con ello, a evitar condiciones que les impiden una vida saludable y digna”.
Pero Rojas llama a no fijarse solo en la tarifa, sino también en su diseño y que sean accesibles. “De todas maneras, estas medidas descomprimen el ingreso. En la medida que haya otras políticas públicas que aporten al aumento de la pensión, esta rendirá más”, sostiene.
Remedios para enfermedades crónicas 90% más baratos
Aunque no es una medida que va exclusivamente dirigida a los seniors, el anuncio sobre los precios de medicamentos beneficia aún más a las personas de la tercera edad. Así lo asegura Vergara, quien señala que son ellos los que más se ven complicados por su alto costo, que se contrapone con el bajo ingreso que perciben en la vejez.
De esta manera, añade Vergara, se establece “crear un registro digital en Cenabast, así como una plataforma digital que permitirá a las personas la compra de medicamentos al precio Cenabast, que serán despachados a domicilio a través de un canal a determinar”. Y si bien aún no se tiene un plazo definido para la operación de esta plataforma, Vergara confirma que todos los remedios para enfermedades crónicas tendrán un 90% de descuento, teniendo como referencia el valor que se paga hoy.
El presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Gerardo Fasce, dice que si bien ayuda a solucionar el problema de “los precios exagerados que tienen los medicamentos en Chile”, no se está apuntando a otras dificultades. “En el país estamos muy centrados en el uso de fármacos, dejando de lado otro tipo de acciones que muchas veces son más efectivas para resolver problemas de salud. La prevención y educación en torno al autocuidado son esenciales para tener mejores resultados”, dice.
También se aumentará el gasto per cápita de la Atención Primaria de Salud, pasando de $6.722 a $7.200. En concreto, Vergara sostiene que esto incluye recursos para financiar la nueva prestación GES Enfermedad de Alzheimer, que afecta en gran parte a los seniors.
Más seniors exentos de contribuciones
La iniciativa que busca eliminar el pago de contribuciones a personas mayores se suma a la cartera de medidas para la tercera edad. Así, una vez que se apruebe la reforma tributaria, se eximirá del pago de este impuesto territorial a los seniors cuyo ingreso mensual los ubique en el tramo exento del Impuesto Global Complementario, es decir, bajo $660 mil y que tengan una propiedad con un avalúo fiscal de hasta $128 millones.
Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, sostiene que en forma recurrente se han hecho propuestas y se han dejado exentos del pago de contribuciones a determinados sectores de la tercera edad. “Pero mientras el impuesto territorial sea al patrimonio, siempre tendrá esa distorsión en cuanto a que las personas, ya sean mayores o no, se pueden ver en la situación de no contar con ingresos necesarios para pagar ese gravamen”, afirma. Y agrega que incluso personas que sin ser de la tercera edad, producto del aumento del avalúo de su propiedad como consecuencia de la revalorización del barrio en el cual se encuentran ubicados, pudieran verse obligados a vender el inmueble y tener que migrar a otros sectores con menor carga tributaria. “Es por ello que todo impuesto que se cobra debe ser a los ingresos anuales que se generan, y no sobre el valor patrimonial de un bien”, advierte.
En cuanto a la nueva exención, Horst sostiene que el gobierno central debiera compensar a los municipios por los menores ingresos que implicará. “De lo contrario, sería contradictorio su actuar en cuanto a lo planteado de avanzar en la mayor equidad territorial de ingresos municipales, donde uno de los principales factores de mayor desigualdad de ingresos entre municipios son precisamente las exenciones al pago del impuesto territorial”, afirma.