Por Paola Bordón y Elizabeth Rivera
Publicado en La Segunda
En la última década, el debate y los estudios sobre los efectos de la distribución de los ingresos en el bienestar de la población abarcan desde el mercado laboral, la educación y la salud, hasta la desigualdad de trato, la cohesión social, la legitimidad de las instituciones.
La academia ha enfocado la discusión en el diagnóstico de la distribución del ingreso y la desigualdad entre los países. Nos hemos llenado de diagnósticos que revelan y analizan los canales que transmiten la desigualdad, pero poco sabemos sobre las políticas y la desigualdad, pero poco sabemos sobre las políticas y la institucionalidad necesaria para disminuirla significativamente.
Entre esos canales la literatura identifica la acumulación de activos, la concentración de ingresos y el poder político, la poca competencia y la falta de distribución de oportunidades. En Chile existe un grado de acuerdo respecto de que la desigualdad es un concepto multidimensional que incluye todos los elementos anteriores. Pero, ¿qué normas dentro de un pacto social son «aceptables» y cuáles no desde un punto de vista normativo y ético, para convivir en sociedad? ¿Cómo asegurar que la desigualdad no tenga repercusiones en el ejercicio de la dignidad? ¿Cuál es el rol de la política y sus instituciones?
Hoy la sociedad es más consciente de la importancia de distribuir oportunidades, de asegurar que «la cuna» no determine el futuro y de no tolerar desigualdades asociadas a la vulneración de derechos como condiciones mínimas de una sociedad que busca el desarrollo humano de su población. La experiencia señala que la coordinación no debiera ser una cuestión solo de un círculo de expertos, sino que también un ejercicio democrático de articulación transversal que integre la política, la sociedad civil y la ciudadanía.
Seguramente existen muchas interpretaciones sobre lo que se considera aceptable como fuente de equidad social, y es rol de las instituciones sociales, las políticas públicas y la sociedad civil conducir este debate. Existirán distintos grados de apertura para determinar las fuentes ilegítimas de la concentración de la riqueza, las oportunidades y el poder, generando un alto nivel de discusión e incluso omisiones en la sociedad. No obstante, ya no es posible evadir este debate frente a la fragmentación actual de nuestra sociedad y de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y más justo.