Por Emmanuelle Barozet
Publicado en La Nación de Argentina
Hay que recordar que en el caso de Chile nunca hubo un «contrato social», a lo Rousseau, que es la idea de que un pueblo se pone de acuerdo sobre cuáles son las reglas del juego que van a regir. Las constituciones que ha tenido Chile han sido en general vistas por la elite entre cuatro paredes, y en general nunca fueron tomas de decisiones abiertas.
Se podría tener como referencia la idea histórica de que sí hubo un pacto social en Chile al final de la dictadura cuando se asume que la dictadura deja una deuda social con la pobreza después de la crisis de 1982, y en adelante el Estado invertirá fuertemente en educación, empleo y salud pública.
El problema es que esa inversión no estuvo a la misma velocidad ni con la misma intensidad que la concentración de la riqueza en los sectores más adinerados. Hay actores sociales hoy que hacen referencia al hecho de que ese sería el pacto social que se agotó, ese acuerdo de que Chile estaba bien porque había crecimiento económico, pero en realidad ese pago de la deuda que dejó la dictadura no es suficiente.
Entonces está esa línea de interpretación respecto de qué es lo que se pide cuando se pide un nuevo pacto social, y que no sea entre elite, académicos, políticos, económicos, sino que sea abierto a actores de la sociedad civil y no solamente a organizaciones que tienen que ver con obras sociales, sino con una integración muy fuerte entre sectores populares y los grupos intelectuales.
Por último, hay una parte de la sociedad que llama a un nuevo pacto social apelando a una nueva Constitución. Sabemos que el proceso que se inició en el gobierno de Michelle Bachelet por distintas razones se abortó y los juristas señalan que es muy difícil, por cómo está redactada, reemplazar la Carta Magna; hay que convencer a la elite más conservadora de que la actual ya no sirve para mantener el orden político y social o buscar el mecanismo para cambiarla desde adentro.