Por Luis Valenzuela
Publicado originalmente en La Segunda
¿Reforma o no reforma? Esa ya no es la pregunta, al menos en cuestiones de educación. En el seminario pasado de la «Reforma de la educación pública: Desafíos para su fortalecimiento», primó una clara certeza: la tarea pendiente de entregar educación pública de calidad excede la misma reforma.
La reforma repone a manos del Estado las prioridades demandadas por la sociedad y a su vez revela falencias sistémicas del servicio. La calidad de la educación es precaria y tiene malos resultados desde diversas métricas con las cuales ha sido evaluada. Como tal, un servicio público deficiente aumenta sus desigualdades cuando se le evalúa incorporando la dimensión espacial del territorio. Esta dimensión de análisis es especialmente importante en lo que es su desempeño de distribución espacial en relación con la calidad de educación y las residencias de los estudiantes. Si aumenta la calidad de las escuelas públicas, ¿es suficiente donde éstas están localizadas hoy?
No es suficiente. La geografía de la educación, entendida como las relaciones territoriales entre los colegios y donde viven nuestros niños, establece mejores y peores condiciones de acceso en los territorios de las ciudades. Si hay estudiantes que tienen un acceso sustantivamente mejor que otros, sus oportunidades también son sustantivamente mejores.
Mediciones nuestras, determinadas a través de mapas de pobreza en Santiago, muestran que cerca de un 33% de su población vive en zonas de alta concentración de niveles socioeconómicos bajos. Cuando hemos comparado la cantidad de escolares carentes de acceso a escuelas públicas de calidad aceptable -medido como el resultado Simce lenguaje y matemática 4ºB sobre 30% de sus alumnos- respecto a cuántos de éstos estudiantes residen en esas zonas, aproximadamente un 66% de los estudiantes sin acceso a escuelas con calidad aceptable se encuentran en las zonas de alta concentración de pobreza. El mapeo de la pobreza de educación muestra que éste es literalmente el doble más alto que el mapeo de la pobreza socioeconómica, y por ende el diseño territorial de la política educacional importa muchísimo. Si no se considera esta dimensión, la desigualdad se incrementa de manera sustantiva.
La reforma establece que existirán 67 Servicios Locales de Educación (SLE) a cargo de entregar educación de modo participativa, local, focalizada en los estudiantes y, sobretodo, en la búsqueda de un proceso de cambio y desarrollo. Los SLE podrán evaluar la capacidad de acceso territorial a sus instalaciones, y su autoridad, el director ejecutivo, es un agente de cambio. La capacidad de respuesta de los SLE es crucial para un avance real en la geografía de las oportunidades de educación con calidad e integralidad.
La calidad en la educación requiere tener una clara visión territorial. Las autoridades y líderes deben pasar de hablar sólo de escuelas a hablar de barrios y ciudades. Esto, que parece de sentido común, hoy no existe.
